En esta etapa del proceso electoral, al concluir las campañas electorales, el turno es de los organismos electorales: el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el Instituto Nacional Electoral (INE).
La legislación electoral estatal y federal es muy clara y precisa respecto a los procedimientos para la apertura de casillas, la asistencia de los votantes, el uso de la credencial de elector, el protocolo sanitario, el cómputo de sufragios, la elaboración de actas e integración de paquetes electorales...
Candidatos y partidos, además de estar representados en las casillas electorales concurrentes locales y federales, cuentan con herramientas jurídicas para defender el voto y documentar las irregularidades, incluidos los delitos electorales, ante las autoridades correspondientes.
Con este propósito, los partidos políticos de las principales coaliciones electorales han integrado un verdadero ejército de abogados, cerca de 3 mil 140 litigantes, para la defensa del voto por voto, considerando la relevancia de las elecciones más grandes de la historia.
En los promocionales y en lo particular el INE ha insistido que sería imposible que se cometiera un “fraude electoral” en las elecciones concurrentes, una postura más que justificada porque se buscó minar la credibilidad del organismo electoral, como un árbitro imparcial.
Los representantes de los candidatos y los partidos políticos están en todo su derecho, porque existen las prerrogativas por parte de la ley electoral para denunciar y documentar el desaseo de otros competidores y contrincantes, durante la jornada comicial.
Sí existen las reglas del juego muy claras e instituciones como el INE e IEE tienen a ciudadanos empoderados como consejeros; las fuerzas políticas deben comprometerse a actuar con congruencia política y alejarse de la tentación de crear un clima ficticio de “fraude” para aceptar los resultados en las urnas.
Si bien el sello del gobierno en turno es la profesionalización en los conflictos poselectorales, crearlos ficticios solo favorecerá la ingobernabilidad, porque se justifica el reclamo desde el partido, pero sería censurable si se genera desde el gobierno, porque gobiernan para todos.
Pablo Ruiz
