El mito de que Puebla es un estado “conservador” ha tenido a raya a los legisladores del Congreso del estado de la actual y anterior Legislatura, para no revisar a fondo las implicaciones de despenalizar el aborto.
Aprobada la penalización del aborto durante el gobierno de un conservador, el priista Mario Marín Torres, las mujeres desde esa fecha a la actual están condenadas en prisión por interrumpir un embarazo.
A raíz de una controversia constitucional contra la sanción aplicada en el estado de Coahuila, los ministros de la Corte resolvieron calificar el castigo corporal con cárcel como medida anticonstitucional.
Se trató de una postura de la SCJN igual de polémica e histórica en un país donde se castiga con prisión el aborto, mientras clérigos pederastas y otros depredadores sexuales pedófilos siguen libres, gozando de la impunidad gracias a jueces y cometiendo crímenes.
Como un mito, de que Puebla es un estado conservador, solo es eso; un mito porque la recomposición social y cultural de la entidad, posterior a 1985, la ha transformado en una sociedad cosmopolita.
En la actualidad, con una sociedad más pluricultural, los únicos conservadores son los legisladores, lo mismo de izquierda que de derecha, con mente medieval, al servicio de los grupos clericales ultraconservadores.
Es inadmisible que en la mente de jueces y legisladores prevalezca el pensamiento de la Edad Media, de la Santa Inquisición, para tener a las mujeres en las prisiones por recurrir a su derecho de interrumpir el embarazo.
En los poderes fácticos e institucionales prevalece el conservadurismo pese a sus prácticas contrarias a la vida y al respeto a los derechos humanos, con todo y que no dejan de asistir a las misas dominicales en el templo mayor.
Sergio Salomón Céspedes ve el tema como aspirante a la gubernatura, no como legislador, porque no quiere cargar con una decisión que afecte su relación con el conservadurismo; piensa en sus aspiraciones, no en las mujeres.
Guerrero se sumó en mayo de 2021 a CdMx, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa, Baja California y Colima, estados que permiten la interrupción legal del embarazo.
“El Tribunal demuestra así, con hechos y sentencias, que su único compromiso es con la Constitución y con los Derechos Humanos”, declaró en su momento el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
Pablo Ruiz Meza
