Por alguna razón que tiene que ver mucho con las controversias legales y políticas, estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) se habían organizado en brigadas para "cuidar" el campus de Ciudad Universitaria (CU).
En los meses de mayor tensión de las autoridades con el gobierno, un creciente rumor de la incursión de grupos externos puso en alerta a los universitarios, quienes decidieron realizar rondines.
Lo mismo cuidaban o vigilaban de manera discreta las instalaciones de CU, como del área de la Salud y los edificios emblemáticos del Centro Histórico.
Empero, el 29 de junio ocurrió una acción judicial en otra universidad, pero privada: la Universidad de las Américas de Puebla (Udlap), con la presencia de la fuerza pública para dar cumplimiento a un mandamiento ordenado por un juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otro de CdMx.
Nadie, ni los abogados de Guillermo Jenkins de Landa, ni del Patronato de la familia Jenkins de Landa, que enfrentan un litigio por el control de la Fundación, habían promovido tal acción, lo cual sorprendió a propios y extraños.
Ante las insistentes versiones de quienes me hacían llegar esa información, la postura en cualquiera de los casos, de la universidad pública y privada, era que debía imponerse el Estado de derecho.
En estas semanas de crisis interna en la Udlap, un nuevo fantasma recorre el campus universitario, un inminente cumplimiento de órdenes de aprehensión.
No fue muy preciso el dato si esta acción judicial se relaciona con las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el depuesto y reintegrado rector Luis Ernesto Derbez, o de las acciones judiciales pendientes por cumplimentar contra personajes de la UAP.
Cualquiera que fuera la intervención de la justicia, deberá hacerse apegada al debido proceso; si fuera el caso de la universidad privada, solo se agravaría la crisis y se llevaría el conflicto a extramuros con un alto riesgo de desequilibrio social. De tratarse de la principal universidad pública, justo cuando empiece el retorno de los estudiantes para reiniciar clases con el modelo presencial y virtual, se alteraría el proceso de la sucesión rectoral de la UAP.
Cualquiera que sea el caso, sin prejuzgar, el mejor escenario es que prevalezca el Estado de derecho en la acción e intervención de la autoridad, porque tener en las calles a los universitarios de los sectores público y privado no sería lo más deseable en este momento.
Pablo Ruiz
