La subcontratación de trabajadores u outsourcing en las empresas privadas y en el sector público se implementó de facto y los gobiernos se hicieron de la vista gorda. Pero eso se acabó.
Se trató de un modelo ilegal para evadir obligaciones fiscales y laborales de los patrones (privados y públicos) y beneficiar a empresas creadas por ellos mismos. Ahora están prohibidas.
La subcontratación significó un golpe brutal a los contratos colectivos de trabajo y a los sindicatos, para arrebatarles la bilateralidad en las relaciones laborales.
Empezó así la precarización salarial y laboral en el mercado para pagar bajos sueldos, evadir prestaciones sociales como primas dominicales, aguinaldos o vacaciones; pagar a destajo o evitar la antigüedad laboral, es decir, el salvajismo en la explotación laboral.
En la industria automotriz, la empresa Volkswagen fue una de las pioneras en implementar ese modelo para eliminar plazas laborales del tabulador contratadas con el sindicato, que significaba para los patrones el pago de salarios y prestaciones contractuales.
La subcontratación se extendió al resto de empresas de industria, servicios y comercios; en el sector público en secretarías del gobierno federal, en los gobiernos de los estados, en los ayuntamientos y en las universidades públicas.
De acuerdo con datos oficiales, en el país existen cuatro millones y medio de trabajadores subcontratados.
Se estima que aproximadamente millón y medio han sido regularizados; mientras, de las 400 mil empresas que subcontratan, faltaban más de 350 mil en cumplir con los trámites de registro ante la autoridad fiscal y laboral.
El gobierno federal y representantes del sector empresarial acordaron regular la subcontratación de empleados y éstos pasarán a formar parte de la nómina del patrón real; este esquema outsourcing quedó prohibido a partir del 5 abril de este 2021.
Acordaron, además, regular la subcontratación de servicios especializados distintos al objetivo social y de la actividad económica preponderante de las empresas, solo en esas condiciones.
Con la eliminación del outsourcing se dignifica a los trabajadores que están bajo esta modalidad; se evitan abusos y violación de los derechos laborales, así como la evasión en el reparto de utilidades e impuestos por parte de empresas.
El acuerdo de prohibir la subcontratación a través de empresas outsourcing es el resultado de una política laboral gubernamental, no una conquista de los sindicatos.
Pablo Ruiz
