El 21 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo de aprobación del Reglamento de Quejas y Denuncias (Consúltelo aquí)
por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (CG/INE) para establecer claramente competencias al investigar, sustanciar, sancionar y emitir medidas cautelares y de protección en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género (VPMRG).
A un año distancia de su emisión, el pasado 9 de noviembre tuvimos conocimiento del Informe sobre quejas, denuncias y/o vistas presentadas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), el cual abarca aquellas en sustanciación al 13 de abril de 2020 y las presentadas desde el 14 de abril al pasado 9 de noviembre de 2021.
El Informe revela los hechos denunciados, las medidas cautelares y de protección emitidas, y las acciones realizadas ante incumplimientos; también arroja datos reveladores sobre las implicaciones que tiene la aplicación de este Reglamento y cuán necesario es cambiar entendimientos, prácticas y reglas de las experiencias predominantes que los hombres han construido en el ámbito de la política y del ejercicio de poder para garantizar que más mujeres participen en estos espacios hasta que se haga costumbre.
Con la entrada en vigor de la Reforma de abril 2020, el incremento de denuncias es evidente: 162 quejas, denuncias o vistas recibidas a diferencia de sólo 4 procedimientos sancionadores registrados previamente. No obstante, para quienes deciden denunciar parece no estar muy claro a qué instancia dirigirse (implica la intervención de OPLES, Partidos Políticos, Tribunales Locales Electorales) ni qué conductas son constitutivas de VPMRG.
Aunque la mayoría de los procedimientos han concluido, un significativo 84 por ciento de las denuncias o quejas son determinadas inexistentes o desechadas y aproximadamente 16 por ciento son existentes, se remiten o informan de incompetencia; en análisis, investigación, se avisa de no ejercicio de acción penal, asuntos infundados o inclusive hay casos conciliados o clasificados como información confidencial. Y si bien, en las remisiones por incompetencia se solicita expresamente la aplicación de acciones y el informe para el respectivo seguimiento por parte de la UTCE, hay autoridades y partidos políticos que o no ejecutan acciones o no informan sobre las medidas tomadas al respecto.
Al revisar quiénes denuncian y quiénes son denunciados, salta la pregunta: ¿Hay algún rol en los procesos político-electorales o cargo de representación y decisión desde el cual los hombres no violenten a las mujeres o algún ámbito desde el cual las mujeres sean libres de violencia? No, no lo hay, y en contrapartida, sorprende la diversidad y amplio mosaico de mujeres que en el escenario político federal y local, son objeto de violencia: desde aspirantes a cargos federales hasta locales, en cargos de todos los ámbitos y poderes de Estado, en organismos electorales, partidistas o inclusive como exservidora pública, militante, periodista, cónyuge de algún candidato o ciudadana. También hay denuncias contra algunas mujeres (regidora y presidenta de organismo nacional partidista, diputada local, precandidata a diputada federal) pero se confirma que los hombres desde toda embestidura e inclusive como cónyuge o en calidad de reportero han sido denunciados por VPMRG.
Un aspecto clave a reflexionar para la actuación del Reglamento es que entre los hechos denunciados invariablemente hay actos de acoso y hostigamiento sexual, promoción de estereotipos, negativas a acreditar cargos, impedir o dificultar el encargo, expresiones violentas o señalamientos de toda índole. Resalta que una gran parte de los actos son confundidos o no corresponden a violencia de género: que se cometa en contra de una mujer candidata o electa o en ejercicio de un cargo, es el primer elemento para tomarse en cuenta al acreditar VPMRG, pero ¿qué significa que sea contra una mujer por ser mujer?
Necesitamos entendimientos comunes para la resolución de casos de manera ágil, oportuna y expedita y avanzar en la identificación y erradicación de esta modalidad de violencia contra las mujeres, porque sea por postura política o pertenencia a un gobierno, o por género, es terrible la saña y descalificaciones violentas que, en el Informe, como en la realidad cotidiana, vemos son consumadas desde un cargo o desde redes o espacios públicos. Ello es sin duda, soterrar la cultura democracia.
Norma Irene De La Cruz Magaña
