A más de dos años de la tipificación del delito de violencia vicaria en Tamaulipas, ayer se dictó la primera vinculación a proceso por este crimen. Un hecho que marca un precedente, pero que también pone en evidencia la falta de aplicación efectiva de la ley y las carencias en la administración de justicia con perspectiva de género.
El 20 de enero de 2023, en Tamaulipas, quedó tipificado el delito de violencia vicaria en el Código Penal local. Un delito que constituye una de las formas más crueles de violencia de género, ya que busca dañar a la mujer a través del sufrimiento infligido a sus hijas, hijos o seres queridos y/o separándolos de la madre para destruir el vínculo materno que la une con sus pequeñas y pequeños.
Con este marco legal vigente, a finales de enero de 2023, el Juzgado Segundo Familiar de Altamira, luego de ocho años, con el fin de que se iniciara una investigación, dio vista a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género sobre los hechos violentos sufridos por la Sra. Seydi Gámez.
Esta investigación se llevó a cabo durante dos años, en los cuales la víctima directa y el ministerio público allegaron elementos para lograr la judicialización del primero caso de violencia vicaria en Tamaulipas.
El pasado 18 de enero se llevó a cabo la audiencia inicial y, el día de ayer, el juez determinó vincular a proceso al imputado. El proceso penal continúa con una etapa complementaria durante los próximos dos meses; luego se entrará en la etapa intermedia de acusación hasta llegar a la etapa de admisión y depuración de pruebas y, finalmente, al juicio oral donde se dictará sentencia.
Con la vinculación a proceso, el juez ordenó como medidas cautelares que obligan al individuo vinculado a no abandonar la zona conurbada, a acudir a firmar al juzgado y a no acercarse a la Sra. Seydi, ni a los testigos.
Un proceso largo y lento que, mientras transcurre, no cesa la violencia vicaria. La madre sigue separada de su hijo y el lazo filial – materno, después de una década, está roto.
Si bien, esta primera vinculación a proceso representa un avance en la defensa de las mujeres y la garantía de una vida libre de violencia, la justicia llega tarde y avanza lentamente; por lo que, es necesario evaluar la eficacia de la reforma aprobada en 2023, considerando su aplicación real con perspectiva de género, los tiempos de resolución, así como su impacto en la inhibición y prevención de la violencia vicaria.
Sin duda, se requieren más acciones, no sólo legislativas, sino en otros ámbitos como en el registro de denuncias y la clasificación de los casos como violencia familiar, esto ya fue denunciado por la diputada Magaly Deandar Robinson, quien presentó un exhorto para que las fiscalías registren y tramiten las denuncias bajo la categoría de violencia vicaria, garantizando un adecuado seguimiento y atención.
Más capacitación sobre la perspectiva de género en casos de violencia vicaria es indispensable, tanto para el personal de los tribunales y fiscalías, como para el foro litigante si en verdad hay compromiso con garantizar que ninguna mujer tenga que esperar décadas para detener la violencia contra ella y su familia y que el crimen no quede sin castigo.
