La reforma al artículo 6° de nuestra Carta Magna plasmó como derecho fundamental el acceso a la información pública. Un derecho que permite, a todas las personas, vigilar el ejercicio del poder y de los recursos públicos.
En un Estado democrático, los derechos fundamentales son la piedra angular porque protegen intereses y bienes básicos de todas las personas, que les permita tener una vida digna y desarrollar sus proyectos de vida.
Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Enaid) 2019 apenas el 3.6% de la población ha realizado alguna vez una solicitud formal de información y, en entidades del norte del país, como Tamaulipas, solo el 2.9% de la población.
A nivel nacional, poco más de la mitad de la población, el 54.8%, manifestó que conocía o había escuchado sobre la existencia de una institución de gobierno que garantiza el Derecho de Acceso a la Información Pública; y solo el 16.1% de la población consulta de una página de Internet del gobierno durante 2019.
En cuanto al tipo de información gubernamental consultada: sobre la organización y actividades de las instituciones de gobierno preguntaron el 8.6%; Información sobre servidores públicos, el 6%; Programas de participación ciudadana, el 6%; mientras que sobre el uso de recursos públicos solo preguntó el 5%.
En cuanto a la información sobre contratos para obras públicas o servicios y finanzas gubernamentales, solo solicitó información el 3.8% y el 3.1%, respectivamente.
Ante este escenario, es importante conocer que el fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la protección de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo se encuentran entre los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que, según la nueva Ley General de Educación, publicada en 2019, debe impartir el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares.
En educación básica y media superior estos contenidos serán atendidos, en los planes de estudio 2022, desde las asignaturas de historia y la formación cívica y ética.
En cuanto a la educación superior, ya se han incorporado asignaturas como “Transparencia, derecho de acceso a la información y protección de datos personales” y “Acceso a la Información Pública Gubernamental” en las licenciaturas de Derecho y Contaduría de la UNAM, respectivamente; “Transparencia y Datos Personales” y “Derecho Sancionador y Anticorrupción” en Derecho y Criminología de la UANL; y “Derecho a la transparencia y acceso a la información pública” en la licenciatura en Derecho de la UAT.
Sin embargo, no todas las universidades, públicas o privadas, han dado la importancia debida a estos contenidos, lo que representa un área de oportunidad para los órganos garantes.
Aun cuando conocemos de la existencia de obstáculos para el acceso a la información, como la pobreza y la desigualdad, también reconocemos que el sistema educativo es un factor determinante para que más mexicanas y mexicanos ejerzan este derecho fundamental. Una educación para el acceso a la información. _
