El Observatorio de la Participación Política de las Mujeres de Nuevo León fue la primera instancia de este tipo en crearse en una entidad federativa. Su surgimiento ocurre en el marco de la integración de la paridad al marco constitucional pero, sobre todo, ante la posibilidad de una reacción que se anticipaba con argucias y violencias.
Incluso entre las propias pioneras de la instauración de la paridad en nuestro país hay quienes consideran que esa meta ya se alcanzó. Sin embargo, eso solo es verdad si nos concentramos en un análisis cuantitativo de congresos locales y ayuntamientos. Sin embargo, la complejidad que involucra el acceso no a los puestos, sino al poder –si no, ¿para qué querríamos los puestos?–, obliga a un análisis más fino que evidencia que aún hay un tramo importante por recorrer.
En este sentido, creo que el programa de trabajo del que se dote este año el Observatorio que acaba de renovar su presidencia el día de ayer, debe incluir al menos las siguientes líneas. Primeramente, encontrar soluciones viables a la llegada de más mujeres al cargo de presidenta municipal. En Nuevo León no hemos podido superar la cifra de 10 ayuntamientos liderados por mujeres, a lo que se suma que escasean las presidentas municipales en el Área Metropolitana, por ello cada vez son menos los habitantes gobernados por una alcaldesa. En el mismo ámbito municipal está la tarea pendiente de integrar gabinetes paritarios, obligación legal que está lejos de cumplirse.
Los partidos políticos deben ser también objeto de un trabajo intenso; como actores fundamentales de la democracia, si la igualdad no se vive en su interior y, sobre todo, si la militancia femenina no obtiene el reconocimiento que merece, no podrán lograrse los avances necesarios.
Por último, pero no menos importante, hay que trabajar en garantizar el libre ejercicio de los cargos públicos ocupados por mujeres. Ni su ideología, ni su apariencia, mucho menos su género deben incidir en el acceso que tengan al proceso de toma de decisiones. La valoración que se haga de su desempeño debe regirse exclusivamente por el cabal cumplimiento de su deber en apego al derecho.
