A diferencia de la percepción que de ella se tiene, la política, por lo menos la que ocurre en el marco de un régimen democrático, no tendría por qué ser escenario de violencias, sino constituir la alternativa por excelencia para dirimir los conflictos por vías pacíficas. Y no solo a través de la determinación tajante del triunfo de una visión por encima de otras, sino por un proceso de agregación de intereses que permita construir decisiones consensuadas.
Sin embargo, lo que observamos en la realidad dista de ese ideal y, por si fuera poco, con mucha frecuencia se ofrece como argumento para restar importancia o justificar la violencia política de género. Se insiste en que las mujeres, si no quieren vivir situaciones de ese tipo, no tendrían que involucrarse en el ámbito público.
Esa perspectiva es nociva desde muchos ángulos. De entrada, porque legitima la persistencia de la violencia como elemento intrínseco a los procesos electorales y al ejercicio de poder en general. Al decir que ese mundo simplemente es así, se da por desahuciado ese ambiente para siempre. Pero, más allá de eso, el invitar a abstenerse de participar por el trato y maltrato reinantes subraya estereotipos de género que han sesgado la representación política no solo en nuestro país, sino en el mundo entero al limitar la participación de las mujeres al ámbito privado. Si las mujeres no participan, la mitad de la población se queda sin representación. ¿Qué clase de democracia se sostiene discriminando al 50 por ciento de sus habitantes?
Así, no solo se violenta a las mujeres en el ambiente político, sino que se les revictimiza al recargar sobre ellas la culpa de lo ocurrido por involucrarse en dicho espacio, y se les vulnera como grupo al perpetuar la visión patriarcal de que el ámbito público debería ser ajeno a la presencia femenina. Por eso no solo es violencia, por eso no solo es política: su trasfondo es el género.
Politóloga*[email protected]
