El británico Arthur Pigou (1877-1959) es considerado pionero de la economía del bienestar, donde una de sus principales premisas era que los impuestos deberían ser creados para resolver los problemas sociales como la contaminación que generaban las empresas en desarrollo industrial.
Su obra ha servido de base para muchos investigadores mexicanos (Martha Elba Palos Sosa, Gloria María Plascencia de la Torre y Eduardo Méndez Aguilar) que han estudiado el tema del llamado impuesto ambiental o impuesto verde.
En su artículo Impuestos ambientales como instrumento de control en entidades federativas mexicanas, publicado en agosto de 2022, hablan sobre el origen de éstos, y quienes deben pagarlo, pero sobre todo el tema de la transparencia.
Ellos utilizan la premisa “el que contamina paga” de Pigou, pero también proponen distinguir entre el objetivo meramente recaudatorio, o si este tipo de instrumentos deben servir para incentivar a las industrias a fin de que eviten contaminar.
En el caso de Nuevo León, los responsables de proteger el medio ambiente como Alfonso Martínez Muñoz, se han negado sistemáticamente a revelar qué tipo de empresas lo pagan, ya no digamos los montos de las sanciones aplicadas, si es que lo han hecho.
Al secretario le cuesta mucho trabajo decirnos quiénes han sido multados y tampoco puede revelar el destino de los recursos. La sospecha es que se han utilizado incorrectamente.
Lo digo porque la dependencia acaba de admitir, y eso lo publica mi compañera Sandra González (milenio.com 06/02/2025), que ante las constantes fallas que obligan a poner en mantenimiento las estaciones de monitoreo ambiental, deben reemplazar algunos equipos.
Si como lo declaró la verificadora Armandina Valdez, apenas van a comprar los equipos para reemplazar los ya obsoletos, entonces ¿qué hacen con el dinero de las sanciones aplicadas?, o de plano están evadiendo su responsabilidad.
En ese sentido parece más un tema de burocratismo, porque según ella deben seguir un proceso de licitación, lo cual es correcto, pero estamos ante una problemática social de alta prioridad, o acaso nadie se ha dado cuenta de la extensa nata de partículas que amenazan a diario nuestra salud.
Lo que los expertos señalan es que las medidas tributarias deben reflejar el valor económico de acuerdo al daño que causen al medio ambiente, porque con ello se tendría que corregir la causa y los efectos, pero parece que a los funcionarios no les corre prisa.
