Este año como nunca la Inteligencia Artificial ha sido parte de la conversación de muchas personas que no han dejado de hablar de las repercusiones que ésta tendrá en la vida diaria y en diversos ámbitos y el político no será excepción.
Primero porque por ejemplo empezaremos a dejar de lado las encuestas y sondeos de opinión para dar paso al análisis del big data que incluye además de estas herramientas, muchas otras variables más como el comportamiento del electorado en redes sociales, medición de opinión, notas positivas y negativas de cada aspirante a algún cargo de elección popular, hasta tendencias y gustos de quienes acudirán a las urnas para dar un panorama más certero del perfil del electorado y su inclinación hacia tal o cual candidato o expresión política.
Los partidos políticos y los gobiernos en general empezarán a echar mano de la IA como una herramienta básica para la toma de decisiones lo que les permitirá tener un análisis más acucioso de dónde mantenerse y dónde corregir el rumbo. Sin embargo existe la posibilidad como toda tecnología de ser utilizada de manera negativa, con el beneficio que de no estar legislado puede resultar en conductas que queden en la impunidad aunque rayen en el delito.
Un ejemplo es lo que se conoce como deep fake que no son otra cosa que archivos de video, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial de modo que parezcan originales, auténticos y reales, que al utilizar el aprendizaje de la IA consiguen engañar al destinatario del mensaje, lo que se presta a guerra sucia.
Otro ejemplo puede ser utilizar estos videos para enviar mensajes fuera del tiempo permitido para campañas, por ejemplo mediante redes sociales, lo que pone a la autoridad en el dilema de a quién sancionar al no tratarse de la persona candidato o candidata y que pudiera ser generada por cualquier persona no necesariamente de un partido determinado.
Estamos frente a otro reto en el que una nueva tecnología puede ser usada para afectar nuestra democracia y en México apenas se explora esta posibilidad y no hay leyes que regulen su uso. De nuevo los legisladores están fuera de la jugada.
