Corría el año de 2017, justo hace cuatro años, el 15 de marzo cuando por la tarde se reportó una explosión en la Terminal de Almacenamiento y Distribución ubicada en la Puerta 7 de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor del Municipio de Salamanca. En ese entonces Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que habían resultado lesionados tres trabajadores de Pemex y 5 trabajadores externos de la paraestatal.
Lo que en realidad sucedió ahí fue que huachicoleros habían introducido una pipa con reporte de robo a las instalaciones de la empresa del estado, que se supone eran vigiladas por el Ejército Mexicano por considerarse instalaciones de seguridad nacional, sin embargo con todas las facilidades, quienes se dedicaban al robo de combustible no necesitaban andar picando ductos si podían conseguir el hidrocarburo que quisieran directamente de la planta.
Hoy se sabe que los “trabajadores externos” no eran otra cosa que huachicoleros, quienes seguro por la falta de pericia para operar la carga de la pipa ocasionaron el accidente que luego fue maquillado por la propia empresa. No sería la primera ni la última vez que el procedimiento se repetiría al interior de Pemex.
El descaro total se dio en el municipio de San José Iturbide, donde existe otra Terminal de Almacenamiento y Distribución, pues toda la TAD era operada por personas ajenas a Pemex con lo que había una libre disposición del combustible que quisieran, claro no que no hubo una acción legal pues a todas luces el contubernio entre los directivos de Pemex con los huachicoleros era sin el menor pudor.
La extracción ilegal para su venta en el mercado negro es un delito contemplado por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia De Hidrocarburos, sin embargo lo que más nos debe de sorprender es que de estos hechos hoy no hay siquiera una investigación abierta. Si en realidad el gobierno pretende sancionar a quienes cometieron actos de corrupción aquí hay dos hechos relevantes que tendrían que atender.
Pero claro, el director de la Refinería de Salamanca en ese entonces, o el responsable de la TAD de San José Iturbide no son Emilio Lozoya y tal vez porque el rédito político es poco, este será otro de los capítulos más de la impunidad en nuestro país.
