Las recientes extradiciones masivas de líderes criminales mexicanos a Estados Unidos, como las ocurridas en febrero y agosto de 2025, han reavivado el debate sobre la verdadera intención detrás de esta política. Aunque públicamente se presenta como una muestra de cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado, hay una perspectiva más cruda y pragmática: la extradición es una herramienta conveniente para el gobierno mexicano, permitiéndole deshacerse de problemas internos complejos.
Mantener a un capo de alto perfil en una prisión mexicana representa un riesgo constante. La historia ha demostrado que estos individuos tienen un poder corruptor inmenso, capaces de sobornar a guardias y funcionarios para seguir operando desde la cárcel, e incluso para orquestar fugas espectaculares. La huida de Joaquín El Chapo Guzmán de la prisión del Altiplano en 2015 es un claro ejemplo de la vulnerabilidad del sistema penitenciario mexicano. Enviar a estos criminales a Estados Unidos no solo reduce la posibilidad de sobornos y fugas, sino que también libera al Estado mexicano de la costosa y peligrosa carga de su custodia.
La extradición no es solo una medida de seguridad, sino también una estrategia diplomática y política muy efectiva. A través de este mecanismo, México demuestra a Estados Unidos su buena voluntad y colaboración. Esta cooperación es crucial para evitar sanciones económicas o presiones políticas, como las amenazas de aranceles o de designar a los cárteles como organizaciones terroristas. Al enviar a figuras clave del narcotráfico, el gobierno mexicano puede aplacar las tensiones y obtener un respiro diplomático en momentos de alta fricción.
Además, la extradición de estos capos permite que el sistema de justicia estadounidense se encargue de un proceso que en México es largo, costoso y propenso a la corrupción. En una corte estadounidense, los líderes criminales enfrentan juicios rigurosos y condenas de por vida, algo que el sistema judicial mexicano rara vez garantiza. Para el gobierno, es un éxito de relaciones públicas: muestra a la ciudadanía que la justicia se está llevando a cabo. Sin embargo, esta conveniencia tiene una doble cara. Si bien la extradición alivia presiones inmediatas, no resuelve el problema de fondo del narcotráfico en México.
