La violencia en México y la ligereza con la que se cometen delitos tan atroces como el homicidio o la desaparición de personas en nuestro país tiene una raíz profunda en la impunidad con la que se mueven los delincuentes además de una gran dosis de corrupción debido al apoyo u omisión de las autoridades en el combate frontal a estos delitos.
El tema de la impunidad y la falta de una política nacional seria en la que se dé una colaboración real entre los tres niveles de gobierno para terminar con la desaparición de personas en nuestro país fue abordado recientemente en el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México, que realizó un recorrido por varias entidades del país para conocer las condiciones en las que se encuentra la desaparición de personas.
El reporte es enfático al señalar en varias ocasiones que “Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
De otro modo no podría concebirse la facilidad con la que en nuestro país se perpetran las desapariciones de personas que en la mayoría de los casos terminan en homicidio o en otro delito más grave como es la trata. Según el informe las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años sin embargo las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de enfermedad por coronavirus.
Además de la trata las desapariciones en especial de mujeres muestran un incremento en casos donde lo que se intenta es ocultar la violencia sexual y feminicidio, además del reclutamiento para actividades ilícitas o represalias. Resulta aún más preocupante que solo entre el 2% y el 6%, de las denuncias por desaparición habían sido judicializadas, y solo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
De no haber los altos niveles de impunidad que hoy existen en el país, no tendríamos miles de casos como el de Debanhi Escobar, donde las hipótesis son poco creíbles, y aún no se puede dar con los responsables.
