Entre las actividades del SECTEC (Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México) el lunes pasado se realizó el primer Diálogo sobre la Constitución, con la participación de destacados especialistas en Derecho, Constituciones y su vinculación con la Ética. Intervinieron los Doctores Daniel Barceló Rojas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Rodolfo Luis Vigo, de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial; y Oscar Diego Bautista, de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Todos ellos coincidieron en la oportunidad y relevancia de una Reforma Constitucional en el Estado de México, en una época de cambios, por su Historia y la mayor población del país, más que todos los Estados y la CDMX, y de muchos países, además de su problemática, que demanda atención sin aplazamiento. El Dr. Barceló apuntó que las reformas deberían enmarcarse en un proyecto de aplicación de largo plazo, principalmente para el cambio de gobierno en 2023, eso evitaría una errónea interpretación y posiblemente la consecuente oposición, por presumir que llevaría dedicatoria para el actual gobierno estatal.
Todos armonizaron que lo deseable es lograr una reforma integral con participación de la Sociedad, los Poderes, Ayuntamientos y las fuerzas políticas del Estado. Y esa es la línea que marcó el Dip. Profr. Maurilio Hernández, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura del Estado, desde que el Senador Higinio Martínez Miranda, presentó la Iniciativa.
En su intervención el Dr. Vigo, especialista en Ética Judicial delineó algunas de las principales líneas para la reforma del Poder Judicial, a fin de lograr su mayor eficacia para abatir la impunidad, medida indispensable para reivindicar el Estado de Derecho.
En su participación el Dr. Oscar Diego Bautista, especialista en el tema de Ética Pública, destacó que la integridad de los gobernantes es premisa fundamental para lograr ese ingrediente invisible, pero indispensable de todo gobernante y de las instituciones: la confianza de la ciudadanía, que lamentablemente ha sido afectada por el desprestigio derivado de tantos escándalos de corrupción e ineficiencia, que no se resuelven, prácticamente en ningún caso.
Así la reforma constitucional debe encuadrarse en la prevalencia de la Ética Pública para rescatar esa confianza, indispensable para la vinculación de acciones entre gobierno y sociedad. Conducir así a la ciudadanía hacia la integridad personal, empresarial, social, partidista y gubernamental. Reivindicar la Ética pública debe ser elemento central del actual proceso electoral estatal y municipal, parte central de la lucha por la democracia, al rechazar la corrupción y la impunidad, inaceptables para lograr un buen gobierno.
Mauricio Valdés
