(A la memoria del Dr. José Chanes Nieto)
En días pasados el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que recibir una andanada de quejas de beneficiarios de los recursos recuperados por bienes incautados destinados a rehabilitar caminos en Cochoapa El Grande y Metlatónoc, Guerrero. Desde el 18 de julio pasado, el presidente entregó cheque simbólico de cartón a los respectivos presidentes municipales de una de las regiones más necesitadas de ayuda, pero por razones de la tramitología, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) sin explicación, ni justificación, no ha transferido el efectivo a la cuenta bancaria de dichos ayuntamientos, por lo cual tampoco han firmado el convenio respectivo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Este apoyo es urgente para reparar los caminos entre los pueblos, que por la tormenta tropical “Narda” quedaron incomunicados. Todo detenido y la explicación que los presidentes municipales han recibido es que falta realizar unos trámites o una firma.
La creciente desconfianza entre los servidores públicos creada por una maraña de normas que hoy confunden su finalidad, con los resultados que esperamos los ciudadanos de nuestro derecho fundamental a un buen gobierno y una buena administración pública. No sólo los ciudadanos enfrentamos al paquidermo, sino los propios secretarios y hasta el presidente de la república, que llama a la administración pública “elefante artrítico que se mueve lentamente”.
Una moderna administración pública se rige por seis grupos de principios: buena administración, transparencia, participación ciudadana, administración responsable, administración efectiva y eficaz. La buena administración incluye a la ética y junto a la eficiencia.
Ahora está claro, para que el Presidente López Obrador logre obtener mejores resultados debe hacer cambios en el funcionamiento de la administración pública federal. Eliminar ineficiencias, duplicidades, concentración de funciones, proclividad a la corrupción, evitar el criterio patrimonialista y clientelar, para generar una función pública con vocación de servicio, integridad, transparencia, eficiencia y eficacia.
Para cualquier ciudadano resulta irritante enfrentarse al “dictador de escritorio” quien finalmente nos atenderá, porque generalmente es arrogante, abusivo e ignorante. La función pública debe entenderse en el marco jurídico supeditada al beneficio de los ciudadanos. Hoy día disponemos de la era digital que agiliza, transparenta y reduce el margen de discrecionalidad de esos “dictadores”. Urge una Reforma de la Administración Pública para aprovechar la mayoría legislativa o el elefante estará ahí un sexenio más y sea más pesado y lento que hoy.
