Se habla mucho de la Fiscalía y Auditoría del Estado. ¿Comprendemos a cabalidad las funciones de una y otra?, ¿realmente conviene que sean autónomas? Cuál es la raíz del pleito de casi dos años entre el gobernador Samuel García y los mangoneadores de los diputados prianistas (es ridículo pensar que se mandan solos).
Empecemos por decir que la función principal de una fiscalía es perseguir los delitos. Garantizar que al que cometa un delito se le emita una sentencia y cumpla una pena. Las fiscalías tienen como misión que no exista la impunidad.
Si la tasa de impunidad es baja, la incidencia delictiva también baja. Pero si la tasa de impunidad está por arriba de 90% (como es el caso de Nuevo León), los delincuentes no solamente andan sueltos cometiendo delitos, sino que otros que observan que no hay castigo por delinquir también se animan. El crimen florece en la impunidad.
Ahora bien, la Auditoría tiene como encomienda principal velar por el buen uso de los recursos públicos. Que todos los dineros que provengan del erario de Nuevo León (Estado y sus dependencias, municipios y sus dependencias, órganos desconcentrados, universidades, etc.) sean usados para beneficio de la ciudadanía. Esto es, evitar la corrupción y perseguir los delitos que tengan que ver con el inadecuado uso del dinero.
Dicho lo anterior, ¿conviene que estas dos dependencias sean autónomas? Observando la práctica internacional, las fiscalías, en pocas ocasiones son autónomas, dado que el gobernante en turno tiene la obligación de garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos, y por ende las instancias policiacas, así como la fiscalía dependen del gobernador o presidente (es el caso en EU). No es el caso en las auditorías, en donde todas deben ser autónomas por ley, y de facto, del poder político. Si esto no sucede, entonces estaríamos en un caso donde se es juez y parte. Un auditor NO puede ser amigo de los políticos a los que debe auditar. Un auditor NUNCA debe tener antecedentes políticos o partidistas.
El gobernador Samuel García, al no tener las facultades legales, ni el capital político para influir en el nombramiento del fiscal o del auditor, y al verse incapaz de negociar con los lobos del Congreso local perfiles que le convengan, prefiere mantener a la Fiscalía sin titular desde hace más de un año y oponerse al nombramiento de un ex panista como auditor.
En ambos casos, los perdedores somos todos los nuevoleoneses que no tenemos fiscal, ni tenemos un auditor autónomo. Las cosas no pintan nada bien en nuestro estado, merecemos mucho más.
