La transparencia y rendición de cuentas no son conceptos nuevos. Llevamos hablando de ellos más de dos décadas y más claramente, desde el inicio de la administración del presidente Vicente Fox, allá por el año 2000, se han realizado esfuerzos por cumplir ese principio y para ello han sido de ayuda las plataformas tecnológicas.
El caso más emblemático en el sexenio foxista fue precisamente cuando, al revisar la herramienta Compranet, donde se difundían las facturas de toda compra gubernamental, Notivox dio cuenta de los gastos provocados por el acondicionamiento de la cabaña presidencial en Los Pinos y el escandaloso costo de las toallas: 4 mil 025 pesos.
Ciertamente cuando el valor de la rendición de cuentas no es bien comprendido por los servidores públicos puede existir una tendencia a retrasar u obstaculizar el acceso de la población a la información que por ley los sujetos están obligados a hacer pública.
No obstante, ese no es el único motivo. Particularmente en los últimos tiempos se ha intentado mantener un equilibrio entre el principio de máxima publicidad y el de salvaguardar la integridad de las personas. Un ejemplo de ello es lo que acontece en diversas entidades de la república, donde los constructores y contratistas han solicitado se mantenga reserva respecto de la información, por ejemplo, de las inversiones en obras públicas específicas, toda vez que el darlas a conocer ha provocado que grupos de la delincuencia organizada puedan darse una idea del potencial perfil de las víctimas y en consecuencia tasar las extorsiones.
La información reservada, por tanto, debe ser una excepción, más que la regla. No obstante, se sigue recurriendo a la argucia de mantener como reservada la información a diversas obras y adquisiciones bajo el argumento de no entorpecer la función pública.
Esta práctica debe evitarse pues los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los pormenores del destino del gasto público, que es de todos.
Periodista de investigación. Ex servidor público de carrera
