La decisión del gobernador de Texas Greg Abbott, de echar marcha atrás a las revisiones migratorias que entorpecieron durante varios días el cruce de vehículos entre ambos países, más que ser una concesión para México es una acción deliberada para evitar afectaciones mayores en su propio territorio. Y es que entorpeció no solo el comercio entre ambos países, sino la cadena de suministros a la industria regional e incluso la entrada de alimentos que se consumen en aquel país.
Y es que se estima que por la frontera común en Laredo cruza hasta el 80 por ciento del comercio vía terrestre entre México y los Estados Unidos. Particularmente, los productos de Guanajuato siguen la ruta hacia San Luis Potosí, Monterrey, hasta el vecino país del norte. Por ello, la carretera federal 57 es llamada desde hace décadas como la “Ruta del TLC”.
Un problema añejo conocido es la escasez de operadores calificados para manejar tractocamiones de rutas de largo itinerario. Precisamente en el marco de lo que ahora se conoce como el T-MEC, existe una demanda de choferes mexicanos certificados en Estados Unidos y Canadá, dado el fenómeno que quienes pueden hacerlo se contratan con empresas extranjeras debido al salario superior y a los paquetes de beneficios que no tienen comparación con lo que pueden obtener aquí.
Si a ello se le suma el hecho de atascar en la frontera las unidades en espera de una revisión, la medida se convierte a todas luces en un despropósito mayor.
Sin embargo, no hay que dejar de lado el problema de fondo, que es el tema migratorio. Las medidas restrictivas a los flujos naturales de la movilidad humana, ha quedado demostrado ya a lo largo de los años, no son la solución.
La verdadera solución pasa por reducir las brechas de bienestar y oportunidades, diferencias mucho más amplias que las que experimentan los operadores nacionales. Tenemos un problema: se llama desigualdad.
