Mientras a nivel nacional se siguen acumulando casos de periodistas que son asesinados con motivo de su labor, como el caso de Armando Linares López quien en vida fuera director del medio digital Monitor Michoacán, en Zitácuaro, al final, se van replegando espacios para ejercer el derecho a la información y la libertad de expresión.
Y mientras eso sucede en el vecino estado de Michoacán, la semana que recién terminó un comunicador de Guanajuato acusó haber recibido amenazas durante una transmisión, por parte de una persona no identificada que pertenecería a una corporación de Seguridad Pública
Mario Castillo, quien suele reportar desde el lugar de los hechos los sucesos policiacos del municipio de Irapuato, se encontraba transmitiendo en la colonia Villas del Rey donde minutos antes había tenido lugar una balacera.
El comunicador se encontraba en un lugar cercano, cuando fue replegado por uno de los efectivos que, como primer respondiente, establecería un perímetro de seguridad para preservar la escena del crimen.
Si bien es cierto que los Protocolos Nacionales de Actuación obligan a desplegar acciones para custodiar y vigilar el lugar de los hechos para evitar cualquier acceso indebido que resulte en una pérdida, destrucción, alteración o contaminación de los indicios de los hechos delictivos, lo es también que el comunicador, como se aprecia en la transmisión, se limitaba al cumplimiento de su labor informativa. El propio Castillo reconoció haberse sentido intimidado.
Desde este espacio nos sumamos a condenar tales hechos, y es de esperar que las autoridades correspondientes tomen medidas para reforzar la capacitación a sus elementos y adopten las acciones correspondientes para evitar la repetición de estos hechos.
De la misma manera, implementar procedimientos que garanticen la integridad y las facilidades requeridas para la labor de los comunicadores en general, por ser de interés público y materializar el acceso a la información, derecho humano garantizado por la Constitución Política.
No se deben normalizar ni tolerar los excesos de los servidores públicos, así sean aquellos encargados de la seguridad ciudadana.
