El bochorno del año se lo llevó la Auditoría Superior de la Federación, en su tercera entrega del informe de fiscalización a la Cuenta Pública del 2019, realizaron una proyección desmedida de los costos de cancelar el aeropuerto de la corrupción en Texcoco y lo hicieron con procedimientos contables muy cuestionables.
Para ser más claros, la Auditoría sumó dos más dos y el resultado de la suma fue 578, así de burdos fueron los procedimientos que terminaron por manchar toda la revisión a la Cuenta Pública y obligaron a la dependencia a aceptar sus errores.
Podríamos hablar del ridículo que hicieron los opositores que utilizaron los datos de la ASF para linchar al Presidente y que después tuvieron que tragarse sus palabras, pero me parece que el papelón que hizo la Auditoría nos puede ayudar a replantear las labores de fiscalización en este país.
En México la fiscalización de los recursos públicos se realiza a groso modo por órganos de control interno y por instituciones de fiscalización tanto en el ámbito local, como en el ámbito federal, basados en legislaciones federales y locales donde la negociación política es cosa de todos los días.
Al interior de los ayuntamientos, los órganos de control interno casi siempre son sometidos por los alcaldes a cambio de un poco de viáticos y un par de contrataciones para la gente del contralor. En los gobiernos de los estados, las secretarías de la Función Pública locales sancionan o se hacen de la vista gorda siguiendo las indicaciones del gobernador en turno y en el caso de las auditorías de los estados, una comida con el auditor, un regalito, un pariente en la nómina o una fiesta donde el auditor local sea el compadre, arregla cualquier observación para alcaldes y funcionarios locales, evidentemente al gobernador en turno no le tocan ni con el pétalo de una rosa.
A nivel federal la Secretaría de la Función Pública también ha tenido sus cuestionamientos, mientras que la Auditoria Superior de la Federación se ha vuelto una pesadilla porque al buscar números estruendosos que generen la sensación de que está combatiendo la corrupción, se enfocan en tonterías para poner la mayor cantidad de sanciones posibles, sin perseguir de fondo la corrupción.
Y finalmente todo termina en la Cámara de Diputados, donde se hace negociación política para dejar sin efectos la mayoría de las observaciones realizadas por la ASF.
Creo que este país ya merece un órgano único para auditar a toda la administración pública del país, con verdadera autonomía, donde se persiga de manera profesional la corrupción por encima de formalismos y donde las sanciones no estén sujetas a una negociación política.
Es tiempo de comenzar a legislar sobre una Auditoría Nacional.
* María Soledad Luévano Cantú, senadora de Morena
