La reforma electoral presentada por López Obrador y su partido supone un paquete de cambios estructurales al sistema electoral mexicano que va más allá de la desaparición del INE para sustituirlo por un organismo de distinto nombre integrado por representantes electos con el voto directo de la ciudadanía.
El conflicto estriba, no en el discurso que, de acuerdo con Byung-Chul Han, en su libro “Infocracia”, precisa la discusión de las ideas en busca de la verdad; sino en una guerra de información que no busca el debate en aras de esta y se conforma con la auto confirmación. “La información posee -dice el autor- su propia dignidad”.
En pocas palabras, no se trata de convencer al otro, sino de sostener cada quien su verdad y aferrarse a ella pera convencer cada quien a su clientela. No hay espacio para el debate, el análisis o el punto medio; es el todo o la nada. Para el oficialismo, el INE es ineficaz, caro y corrupto; para la oposición y la autodenominada “sociedad civil” e INE no se toca y está por encima de cualquier intento de desaparición o sustitución porque da por hecho que volvería a las manos del ejecutivo y, por consecuencia, perdería su autonomía, retrocediendo muchas casillas en el juego democrático de nuestro país.
El problema es que cuando las posturas están tan enconadas poco o nada puede hacerse para encontrar las mínimas coincidencias que nos permitan avanzar y transitar en lo esencial.
Para Morena y sus aliados el INE se reduce a todo lo que representa la imagen de su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, la de un miembro de la “clase privilegiada”, enfundado en en su fino casimir y con una impecable corbata de seda, impulsado y respaldado por la multicitada “mafia del poder” y todo lo que ello significa.
Para el otro bando, el Instituto Nacional Electoral es sinónimo de democracia, imparcialidad y certeza en los procesos electorales y su nacimiento coincide con el de la real alternancia y el fin del sistema autoritario, simulador y antidemócratico, que Vargas Llosa definiera como “La Dictadura Perfecta”.
La pregunta es por qué no mejor hacer de esta nueva crisis política e institucional, la oportunidad para reinventar el modelo político mexicano e ir más allá de defender un organismo y cambiar de raíz todo aquello que no funciona y que ha perjudicado en algún momento a todos los partidos políticos sin excepción y, por consecuencia, el derecho humano de las y los mexicanos a votar, ser votados y a hacer valer su decisión, como por ejemplo los inefables oples, que son los organismos electorales estatales, (de distintas denominaciones), responsables , con honrosas excepciones, no tanto de salvaguardar la democracia y los derechos cívico políticos, como de acatar la voluntad del gobernador en turno y de entorpecer las aspiraciones legítimas de las y los opositores con tácticas dilatorias, chicanadas jurídicas y marrullerías de todo tipo, que cuando bien nos va, terminan siendo enmendadas por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que los tribunales especializados locales, suelen, en muchos casos, avalar las tropelías cometidas por dichos organismos.
Ahí está un posible punto de encuentro: El INE no se toca; al contrario, que desaparezcan los oples y este amplíe su margen de acción, reemplazándolos en la organización de las elecciones locales. ¿No creen?
Marco Sifuentes
