Si en realidad el expresidente Enrique Peña Nieto está vinculado a la investigación sobre el caso Pemex, en el cual, está detenido ya Emilio Lozoya Austin, ex titular de la petrolera más importante del país, sería la primera vez que un exmandatario fuera motivo de indagatoria por el escandaloso fraude cometido en contra de la paraestatal.
La detención de Lozoya la semana pasada en Málaga, España, presunto defraudador del patrimonio nacional, desentrañará una de las afrentas ciudadanas que más coraje y resentimiento han causado a los mexicanos en lo general, por la forma tan burda en la que en supuesto,se adquirieron bienes rentables para la economía petrolera.
A pesar de lo que esgrime el abogado de Lozoya Austin, Javier Coello Trejo, de que su defendido “no se mandaba solo” el hoy recluso,bien podría quedarse callado; aguantar el embate de severas críticas de todos los sectores de la sociedad mexicana, quizá para salvar el pellejo y a pesar de lo que el mismo comentó en una conferencia de prensa que no se quedaría callado, la sangre no llegaría al río como para inculpar a Peña Nieto.
Sin embargo, la actitud y actuación del propio Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero para detener a Lozoya,fue apegada a derecho y no solo se trató de formalizar en España su encarcelamiento, sino lo que se pretende en realidad es que sea traído a México para que enfrente ante las leyes mexicanas, de todo lo que fue capaz de allegarse, los bienes de la nación para su usufructuo.
Aún vendrán cosas interesantes cuando comience a ser cuestionado Emilio Lozoya ante la ley, y ahí podrá conocerse cuál fue en realidad el daño patrimonial causado. Y quien sea culpable del robo a la nación, deberá pagar con cárcel el quebranto a la economía mexicana, al patrimonio de Pemex y también el “daño moral” a más de 130 millones de connacionales.
En abierta violación a nuestra Carta Magna, a todos los preceptos legales y por corrupción, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 44, Aldo Saúl Muñoz López, otorgó inconstitucional sentencia en favor del Comisariado Ejidal de Alfredo V.Bonfil, del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, Luis Martínez Rocha, para devolverle a ese ejido, terrenos en 2 mil 692 polígonos y más de 5 mil hectáreas que estaban documentadas en el Registro Público de la Propiedad.
El Magistrado, quien violó de manera flagrante todos los preceptos constitucionales, otorgó por medio de los oficios 728/2019 y 727/2019 la cancelación de todos los títulos de propiedad otorgados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en años anteriores y a la sentencia violatoria e ilegal del Tribunal Unitario Agrario que el mismo Muñoz López aprobó, para consumar su fechoría.
Cabe mencionar que el Ejido Alfredo V. Bonfil, otorgado a campesinos del estado de Durango por el entonces presidente de México, Luis Echeverría Alvarez, para que poblaran Quintana Roo, ha deambulado ante la ilegalidad y las denuncias penales, por los malos manejos de sus Comisarios, como el actual dirigente, Luis Martínez Rocha y también, Antonina Segovia Sánchez y Victor Nava Vera, que fungen como secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de referencia.
Sin duda, los tres como el propio Magistrado, Aldo Saúl Muñoz López, ya fueron demandados en materia penal por el fraude cometido.
