El 26 de febrero del 2020 ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc un hecho en el que el Ejército se vio involucrado como principal sospechoso: murió atropellado el joven Rubén Sandoval por un camión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Desde el momento del fallecimiento de Rubén hubo referencia a distintas versiones sobre cómo sucedieron los hechos.
Una de las versiones apuntaba a que Rubén falleció a causa del atropellamiento por parte del camión militar que, de acuerdo con los testigos, se pasó el semáforo mientras Rubén cruzaba en su bicicleta sobre las líneas peatonales cuando el paso le correspondía y los autos que venían en la misma dirección que la unidad de la Sedena sí se detenían. También hubo declaraciones de que el joven había fallecido por una bala disparada por uno de los militares que iban a bordo. Como parte de las conclusiones de la investigación, el perito en tránsito terrestre concluyó que Rubén perdió la vida porque no extremó precauciones.
La Fiscalía General de Justicia de CdMx ha postergado la investigación. De la versión de la bala perdida, promovida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CdMx no se supo más. Fue un distractor. Lo que es un hecho, es que la fiscalía dio el fallo en primera instancia a favor la Sedena, quien responsabilizó a la víctima a pesar de las declaraciones de los testigos.
El caso de Rubén guarda cierta relación con el caso de Daniel Téllez, ciclista atropellado por un camión del Ejército en septiembre de 2006. Las primeras investigaciones señalaron a Daniel como responsable de ser atropellado por introducirse en los carriles de la autopista, a pesar de que había personas que testificaron los hechos y refirieron lo contrario. Daniel perdió la totalidad de la movilidad y sensibilidad de la cintura para abajo.
Después de que la familia de Daniel —acompañada por el Centro Prodh— recorrió el viacrucis de buscar justicia, en 2011 la Sedena se vio obligada a admitir su responsabilidad sobre el accidente, reparó el daño y se comprometió a garantizar atención médica vitalicia para Daniel. Esto posterior a que quedó evidenciada la protección que había de las autoridades civiles a la institución castrense.
Las fuerzas armadas evitan la rendición de cuentas auspiciadas por las autoridades civiles, lo que perpetúa la impunidad en casos que no se resumen a enfrentamientos armados, sino con casos como los de Daniel y Rubén, en los cuales sería relativamente sencillo reconocer la responsabilidad.
El análisis de estos dos casos frente al Acuerdo de participación publicado la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación es a todas luces un referente para entender que los integrantes de fuerzas armadas que cometen un delito no se someten a procesos de fiscalización civiles ni controles mínimos de rendición de cuentas y que, además, si los protocolos de investigación en los que están implicados hoy ya los favorecen en contra de la justicia, el marco del nuevo acuerdo es una carta abierta para ser privilegiados cuando pasen por encima de la ley, como han pasado por encima de la vida y la integridad de estos dos ciclistas.
@maiteazuela
