No son casos de éxito, sería mucho decir. Pero en aquellos momentos y lugares en los que se ha podido al menos contener la violencia y la inseguridad, se alcanza a ver un esfuerzo real de coordinación de acciones (no de reuniones) entre el gobierno federal, los estatales y los municipales.
Aunque sean de partidos y grupos distintos. Ahí donde se han dado pasos adelante, la seguridad pública se ha puesto por encima de la política: el trabajo aislado no funciona.
El problema es suficientemente grave y complejo como para que un estado pueda solo, no se diga un municipio. Ni siquiera puede, ya se ha visto, un sistema federal que no cuente con los otros niveles de gobierno; estos incluso se vuelven obstáculos con su falta de voluntad y sus policías infiltradas. Y menos aún cuando las propias fuerzas federales toman posturas inexplicables o cuando no toman postura alguna.
Hace 10 años en Nuevo León se dio uno de esos casos que alimentan el optimismo. Un periodo de violencia sorpresivo para ese estado se cerraba la mañana en que La Pelirroja apareció colgada de un puente en Gonzalitos, uno de los viaductos más transitados de Monterrey, el último día de 2010. A partir de entonces los ciudadanos atónitos cayeron en la cuenta de que su ciudad no era la misma al comenzar la nueva década. Los homicidios y secuestros aumentaban, igual que los asaltos a bares y restaurantes. Las balaceras en las calles alcanzaban personas ajenas. La gente dejó de salir de noche a calles y carreteras.
Los años siguientes se vio un movimiento interesante de coordinación, no siempre suave. El Ejército empezó a patrullar abiertamente la zona, ante la incapacidad mostrada por los cuerpos policiacos estatales y municipales. Hacia finales del gobierno panista de Felipe Calderón, el gobernador priista Rodrigo Medina lanzó en 2011 la idea de una corporación policiaca “desde cero”, Fuerza Civil, con elementos mejor pagados, formados ahí mismo pero reclutados en todo el país con ayuda de las empresas regiomontanas. Los alcaldes aceptaron que sus policías fueran llevados a pruebas de control y confianza, en operativos conjuntos del estado y el Ejército, quienes cubrían la vigilancia. Algunos municipios, obligados a rehacer su corporación, se quedaron por un tiempo más largo sin policías. A partir de ahí no hubo acción aislada. Algunos alcaldes iniciaron una labor notable de inteligencia y prevención. En un rato, lleno de complicaciones por supuesto, las cosas empezaron a calmarse. Es un caso.
Ahora, pasadas las elecciones, la tarea de los gobiernos es olvidar lo que dijeron en campaña o lo que escucharon de los otros. Coordinarse, no hay remedio: poner la lucha contra la violencia y la inseguridad por encima de las diferencias. Y facilitar el acuerdo, aunque no en todo estén de acuerdo. En Nuevo León, Samuel García ganó en gran parte por su abierta oposición a López Obrador. Si ambos no se comen sus palabras, ninguna mejoría es posible. En Jalisco, hoy por hoy en una peor situación, con más urgencia aún: la Universidad de Guadalajara y muchos otros ahí llevan años exigiendo una coordinación que no se ha dado.
El aumento en la criminalidad grita por sí solo. Ya terminaron las campañas… _
Luis Petersen Farah
