El denominado Plan B tendrá como consecuencia principal el desmembramiento de las capacidades técnicas, territoriales y humanas del Instituto Nacional Electoral, a cuatro meses de la realización de las elecciones locales del EdoMex y de Coahuila, y a siete meses del inicio del proceso electoral federal 2023-2024. Es evidente que la intención política es destazar al INE, a los tribunales y a los órganos electorales locales, es decir, a todo el sistema nacional de elecciones surgido de las reformas de 2014 y previas.
Es muy grave que se busque desmantelar un aparato profesionalizado que ha acumulado experiencia desde hace 33 años, para sacrificarlo en aras de una pretendida austeridad republicana, que no es evidente en los excesivos gastos que se están dilapidando en unos pocos proyectos faraónicos con cuestionable utilidad futura. La austeridad no debe interpretarse como el recorte de plazas, sueldos y prestaciones, el eliminar áreas completas, el recortar la cobertura geográfica, o bien recargar de responsabilidades a una estructura de por sí agobiada. La austeridad debe reflejarse en el gasto racional, proporcional y oportuno en un área tan sensible como la renovación de los poderes mediante métodos legales y democráticos. De otra manera se desechará el agua sucia con todo y bebé.
México ha dado muestra de una gran madurez política al haber transitado pacíficamente en tres décadas desde el autoritarismo fundado en los fraudes electorales, hasta la fase actual de alternancias pacíficas en el poder mediante métodos consensuados y transparentes. Nuestro modelo electoral todavía es complejo y caro, pero tiene grandes áreas de oportunidad para su afinación y perfeccionamiento, incidiendo positivamente en sus costos y su efectividad. Pero esto no se logrará mediante la imposición de una visión parcial e ideologizada sobre esos mecanismos. Por el contrario, lo mucho de bueno que se ha logrado se pondrá en riesgo a cambio de un control electoral que facilite la perpetuación en el poder de una alternativa que se proclama poseedora del monopolio de la legitimidad. El futuro se cierra a la posibilidad de la alternancia entre opciones contrapuestas.
La normalidad democrática requiere que las disyuntivas políticas tengan la posibilidad efectiva de sucederse en el ejercicio del poder o la representación. No hay sociedades monolíticas o estáticas: todas cambian, todas mudan con el tiempo. La “ronda de las generaciones” y el cambio de percepciones sobre lo público son inevitables, e incluso son deseables para mantener la salud comunitaria. No hay nada más empobrecedor que el pensamiento único, la supremacía ideológica que da sustento a la conformación del “bloque hegemónico” —Gramsci— de los partidos fascistas y comunistas.
La democracia se fundamenta en la variedad, el pluralismo y la competencia. Las normas deben garantizar esa diversidad mediante mecanismos transparentes, equitativos y responsivos, producto del consenso de los contendientes. Otra cosa sólo nos echará atrás en el tiempo y acentuará el encono social.
Luis Miguel Rionda
@riondal
FB.com/riondal
ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda
