El hecho: “Un alumno de 14 años llamado Asaid, de la Escuela Secundaria General No. 1 ‘Rubén Humberto Moreira Flores’ en Ramos Arizpe, Coahuila, apuñaló a su maestra, Patricia Burciaga Dávila, en plena clase el miércoles 4 de octubre pasado”.
Las reacciones inmediatas:
Habla la Fiscalía Estatal: investigaremos “el entorno social y familiar del adolescente y sus antecedentes en la institución”.
Por lo pronto, el adolescente “será puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público especializada en adolescentes, para determinar su situación jurídica”.
Hablan los padres de familia y autoridades de la institución:
“la maestra Patricia discriminaba a Asaid por ser oriundo de Veracruz. "Él no quería (apuñalarla), comenta una compañera del salón, pero (él) traía los tenis rotos y le pidió (a la profesora) la engrapadora para engraparse los tenis.
La maestra le dijo: 'aparte de feo, pobre'. Asaid tomó una navaja de su mochila, se acercó a ella, y la apuñaló.
(El) nada más nos dijo que cerráramos los malditos ojos".
Entre la criminalización y la victimización topan las reacciones de ambas partes.
Sin embargo, hay preguntas, a mi parecer, substantivas, sin responder: ¿es posible salvaguardar de la violencia a alumnos y maestros, de escuelas como ésta, ubicada en un sector popular -Analco II- poblado de migrantes de clase trabajadora de distintos lugares de México?
Lo pregunto, porque la violencia, en general, no respeta clases sociales o ubicación geográfica.
Y tiende a agudizarse en entornos cuyo principio de orden social es frágil; de tal suerte, que las autoridades -buscan implantarlo desde un principio férreo de autoridad y de control. (Continuará).
Nota: El autor es Director General del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución.
