Mito: “O estamos con el ejército o con el Narco” (Rubén Moreira).
Realidad: El cinismo de tal falacia cae por su propio peso. Mantener el ejército en las calles hasta 2028 no garantiza un cambio radical en la inseguridad pública por tres razones:
(1) No existe política pública en seguridad pública federal que oriente, con sentido estratégico, las fuerzas militares en un combate sistemático al Crimen Organizado.
(2) No hay voluntad política por parte los 32 gobernadores -con excepción del de Coahuila- por enfrentar las fuerzas del Crimen Organizado.
(3) Ninguno de esos gobernadores -menos Miguel Riquelme- tiene un modelo de seguridad pública que parta de un mando civil (el gobernador) con la capacidad de coordinar -logística y operativamente- las acciones de las fuerzas armadas, las policías estatales y las municipales para blindar sus respectivos estados.
Mito: “A todos nos conviene que se amplíe el plazo para que sigan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad” (AMLO).
Realidad: Falso. Los únicos beneficiarios directos son dos:
(1) El narcotráfico y el Crimen Organizado que continuarían su expansión geográfica y poderío militar bajo la política fracasada de “abrazos no balazos” y el empeño fallido por combatir las causas de la criminalidad.
(2) Y AMLO, quien usaría los militares bajo cualquier excusa, para asegurar la transexenalidad de Morena.
Ejemplos de ello, serán: intimidar y/o reprimir a opositores de Morena -en forma de personas e instituciones- y suspender las garantías individuales de los mexicanos, sí las elecciones de 2024 fuesen contrarias a las expectativas de Morena.
Nota: El autor es Director General del ICAI. Sus puntos de vista no representan los de la institución.
