Era el 10 de agosto de 2021, cuando la consejera del INE, Carla Humphrey, escribió (mientras planeaba su boda con el ex fiscal anti corrupción, Santiago Nieto) dos llamadas de atención:
Primera: “Tenemos en puerta elecciones en 2022 y 2023 en las que se renovarán 8 gubernaturas”: en 2022, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; y en 2023, Coahuila y Estado de México); pero, continuaba Humphrey, “ni el Congreso de la Unión ni los Congresos locales han acatado la sentencia de la Sala Superior…” que obligaba a estos 6 estados a garantizar el principio de la equidad de género en sus candidaturas.
Carla les dijo: “¡no se hagan locos, que mi Chaguín y yo no queremos más pendientes! ¡Con la bendita boda tenemos!” Pero, ninguno la peló.
Segunda: Por la razón anterior, continuó Humphrey, “será necesario que las autoridades electorales (el mismo INE) emitan criterios generales que garanticen el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas a las gubernaturas”.
Carla les espetó: “tan pronto termine nuestra boda guatemalteca, porque ni ‘luna de miel’ alcanzaremos, llevaré un punto de acuerdo a la Reunión de Consejo del INE para asumir esa responsabilidad.
Los integrantes de los Congresos Federal y Estatales estaban más preocupados por ser invitados a la boda de Carla y Santiago por celebrarse en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua, Guatemala.
Pero de nuevo, les valió madre la sentencia de la Sala Superior y el llamado paritario de Carla.
Mientras los estrategas políticos de los partidos en contienda en esos 6 estados se quebraban la cabeza, no para buscar candidatas mujeres o explicar su ausencia; sino para esquivar la política paritaria a toda costa; Coahuila se les adelantó -entre la boda y el silencio de los congresistas- para ser la primera entidad en lanzar la iniciativa de implementar la alternancia de género en la gubernatura, cargos públicos y, aquellos que no se renueven mediante el voto popular”.
(Continuará el miércoles próximo).
