Henchido de amor patrio, pero a contracorriente de la historia, López Obrador saca de su chistera decimonónica una figura extinta: los Virreyes, para transformarlos en 32 Delegados Integrales de Desarrollo, uno por cada entidad. Ellos recibirán “a partir del 1 de diciembre el 86% de los recursos, programas y ramos federales que se envían al nivel estatal y que no pasarán por las tesorerías de los estados ni por los gobernadores”.
Este cambio de coordinación fiscal, ligado al Pacto Federal y amarrado a las constituciones de 1857 y 1917, pulveriza el artículo 42 que define a “México como una república democrática representativa y federal compuesta de estados libres y soberanos y de municipios con plena independencia”.
La figura de los 32 Delegados Estatales será apoyada en las distintas entidades por 264 Coordinadores Regionales; 8 por estado como promedio.
Bajo la vigilancia de los Delegados Estatales, los Coordinadores Regionales bajarán, sin intermediarios, los recursos a familias en colonias populares, ejidos y comunidades indígenas para evitar que, en palabras de AMLO, “esos recursos públicos vayan a la bolsa de gobernadores, diputados o presidentes municipales”.
Para “cortarle las uñas” a los Delegados y Coordinadores, Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaría de Gobernación, aseguró que instrumentarán fiscalías de proximidad.
La figura política y administrativa de los Delegados, entre Gobierno Federal y los estados, violentará no sólo el Pacto Federal, sino también la relación con gobernadores y presidentes municipales. Aún cuando, Sánchez Cordero afirma habrá “una relación tersa e institucional con gobernadores y municipios”.
Empero, la realidad es otra: el Virrey de Coahuila, Reyes Flores, a través de la entrega de recursos, aterrizará la transformación de Morena en partido político; generará nuevas clientelas electorales morenistas; designará las candidaturas pertinentes; perseguirá al Moreirato; reducirá al PRI y al PAN a su mínima expresión y asegurará la llegada de Morena a la gubernatura en 2023.
