El 12 de diciembre de 2019 el Congreso local decidió rechazar la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en el estado de Hidalgo, con 10 votos a favor, los derechos de las mujeres quedaron en la urna del desinterés.
Previa a la votación se realizaron varias jornadas que pretendían informar del tema desde perspectivas de salud pública, derechos humanos, ética y hasta teología. La negativa de entonces postergó año y medio la progresividad de derechos hasta el pasado 30 de junio. Sin embargo y desde la salud como sistema de atención, no ha sido una deuda saldada, pues la sanidad y la vida de las mujeres llevaban mucho más tiempo siendo afectadas por esta omisión.
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo debe ser una garantía total en un contexto en el que las mujeres viven en inequidad desde su nacimiento. En los aspectos sociales, culturales, educativos, económicos y hasta de seguridad social, las desigualdades inciden en la elección o en la imposición de maternidad de niñas, adolescentes y mujeres en el estado de Hidalgo.
Las afectaciones en la salud en la población no deberían ser menospreciadas por mínimas que parezcan, esa es una lección que la contingencia por covid-19 debería dejarnos en total claridad. Y en el caso de la ILE, el impacto abona al sistema de injusticias hacia las mujeres debido a las consecuencias médicas tanto de la maternidad como del aborto inseguro.
Las mujeres que debido a la situación legal y al resultado de omisiones en su garantía de derechos se vieron de alguna manera obligadas a maternar así como aquellas que vivieron una interrupción en el temor de la ilegalidad (aún si haya sido un aborto seguro) son víctimas de la negligencia sistemática. La deuda sigue siendo con ellas y lo mínimo que podemos hacer es nombrarlas y, por supuesto, esperar con ansias la publicación del fallo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
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