El día de ayer en una primera ronda de discusión, ocho ministros -de los once que conforman la Suprema Corte de Justicia de la Nación- se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional la criminalización del aborto. Hoy, en una segunda discusión, se escucharía la postura de los otros tres que faltan.
Si tales declaraciones se convirtieran en votos al proyecto de Luis María Aguilar que busca declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan, así como de quien las asiste en dicho proceso, se sentaría un precedente para todo el país y de los estados que faltan en despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Para las mujeres esto se traduciría en un avance en la progresividad de sus derechos sexuales, reproductivos y de salud. Hasta hoy, la interrupción del embarazo es un hecho estigmatizante y delictuoso (en la mayoría del país).
Además de la búsqueda de las reformas en la legislación, el activismo en esta causa busca la llamada despenalización social, que busca liberar del estigma social cargado de prejuicios morales al aborto y obliga a una mirada por la justicia con las deudas históricas con las mujeres.
Pronunciarse en favor de los derechos de las mujeres a través de una actitud positiva hacia el aborto, tiene un peso significativo, pues en el estudio del comportamiento humano, se entienden a las actitudes como predictoras de la conducta de las personas.
La sociedad requiere escuchar discursos de las instituciones basados en los derechos humanos, como que sean acompañados de las acciones de las y los tomadores de decisiones congruentes con tales discursos; no sólo en un afán de representar autoridad y generar confianza con la población, sino también por el cumplimiento de sus obligaciones en avance de una cultura de derechos.
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