Varios temas son tan sensibles para el sector obrero como los salarios y la seguridad social, asuntos que algunos sectores productivos, mediante esquemas de contratación denominados outsourcing o subcontratación de personal, sobreexplotaban a los trabajadores en su beneficio, lo que significaba que además de los bajos salarios se sometía a los trabajadores a una pérdida simulada de su seguridad social, en un esquema que podríamos llamar de subinformalidad, mediante el cual se les escamotaban prestaciones sociales a los trabajadores.
Finalmente, los senadores aprobaron ayer sin cambios la ley que regula la práctica de este mecanismo y la turnaron al ejecutivo federal para su promulgación. La votación fue de 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones; claro, ya venía peinada por el sector privado, quienes junto con los sindicatos obreros habían firmado su acuerdo sobre esta ley previamente.
Lo malo no es la subcontratación, sino el abuso de esta figura
Se dice que con esto se regularizarán cerca de 8 millones de trabajadores, que se integrarán a trabajos formales.
Lo cierto es que la subcontratación no es algo malo o contra los intereses de los trabajadores, lo malo era el abuso y el que se usaba para reducirles sus prestaciones sociales y hasta los salarios, y también para defraudar al fisco, manteniendo subregistros salariales y de prestaciones sociales como los pagos al seguro social, al SAR e Infonavit. El senador de Morena Germán Martínez, aseguró que mediante este tipo de contratación se evadían pagos al IMSS por aproximadamente 50 mil millones de pesos al año, dinero que quedaba en algunas manos privadas, pero que descapitalizaba gravemente a esta institución.
Las modificaciones aprobadas por el Congreso contemplan reformas legales para imponer multas de hasta 4 millones 481 mil pesos y cambios al Código Fiscal de la Federación para considerar esta figura como delito de defraudación fiscal, el cual se castiga hasta con tres años de prisión.
La ley prohíbe contratar personal bajo esquemas de simulación, pero permite esta figura bajo ciertas condiciones, por ejemplo, de servicios especializados que no formen parte del objeto social o actividad económica preponderante, sin duda esto representó un gran avance hacia la justicia laboral de millones de trabajadores que padecían de la pérdida de sus prestaciones de ley, un parteaguas que sin duda restituirá beneficios escamoteados y reducirá la informalidad. _
Julio C. Vega Olivares
