Porfirio Díaz afirmaba que, en una elección, quien cuenta los votos gana. Si partimos de ahí comprenderemos la razón de los ajustes y cambios en materia político-electoral en México; cuando menos hasta el año 2014, fecha de la última reforma electoral.
Recordemos que el PRI mantuvo un control político gatopardista aplastante durante muchas décadas y la población aguantó lo que Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta; la dictadura de partido.
Se han realizado reformas pequeñas y cambios grandes a la ley electoral y a la Constitución, adaptándose a los tiempos: Recordemos la reforma de 1933 y en 1946 con la ley federal electoral, que sirvió para afianzar al viejo régimen, igual en 1951, y en 1962 con los diputados de partido. Luego en 1977, con el aumento del número de diputados a 400, y las reformas de 1987; las de 1990, con la cláusula de gobernabilidad, y la creación del IFE, ante la crisis de credibilidad de la elección de Carlos Salinas.
Vinieron luego las de 1994-96, y en 1997 los plurinominales, y las sucesivas en 2002,2003, 2007-2008, y la ultima de 2014 con la desaparición del IFE y la creación del INE.
Muchas reformas electorales que solo ajustan los engranajes a las necesidades y demandas de los grupos políticos y de los poderes facticos reaccionarios, quienes piensan que las elecciones son algo tan valioso que no se pueden dejar en manos de la democracia.
El presidente López Obrador pretende una nueva reforma electoral de fondo, con democracia participativa tal que incluya a todas las autoridades electorales, el desaparecer los plurinominales, el excesivo financiamiento público y un INE no del todo solvente moralmente, amén de un Tribunal Federal Electoral caprichoso y bajo sospecha.
Los poderes fácticos reaccionarios se oponen a estas medidas, porque por una parte los plurinominales son su caballo de Troya y la estructura electoral puede controlarse con dinero o puestos, por eso era prioritario para ellos desarticular la correlación de fuerzas en 2021 en la cámara de Diputados, para impedir que se logre la mayoría calificada que se requiere para modificar la Constitución, no solo por lo electoral, que es la cortina de humo, pues de no llegarse a un acuerdo entre las fracciones legislativas, esto equivale a una parálisis.
Recordemos lo que decía Álvaro Obregón: “nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos” (como 6.5 millones de pesos actuales, más o menos lo que recibió Ricardo Anaya), además de que, en política, lo que tiene precio es barato y el fin justifica los medios. Así que hay que tantearle el agua a los camotes.
Julio César Vega Olivares
