La existencia de los órganos autónomos permite tomar decisiones sobre los recursos energéticos y naturales del país arbitrariamente; incluso en el área política por encima de los intereses nacionales, lo cual representa algo así como una expropiación por el lado de los precios de los recursos energéticos. Es el caso de la electricidad y del petróleo.
Este tipo de organismos son instrumentos neoliberales y derivado de su autonomía toman decisiones incluso por encima del interés público y confunden la autonomía con la independencia, comportándose como un estado dentro de otro estado, pues estos organismos no se subordinan a ningún otro poder formalmente establecido, tal vez solo al del dinero.
Estos organismos litigan en contra del gobierno, pues siguen insistiendo en su autonomía, desplazando al estado. Es el caso de la electricidad y lo que se critica es que han venido funcionando a favor de los intereses de las grandes corporaciones.
Sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente avaló que la secretaría de Energía pueda coordinar con la comisión reguladora en la materia la determinación de las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la industria eléctrica. Por mayoría de 7 votos se aprobó la adición de la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de la Administración Pública federal; solo votaron en contra Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara y Javier Laynez Potisek.
El ministro Luis María Aguilar Morales argumentó correctamente que no se trata de una invasión de competencias, sino de una colaboración entre organismos de la misma administración pública federal a fin de lograr un mejor desarrollo energético para el país.
El consejo mexicano de energía (Comener) es una organización que representa al sector privado y forma parte de un grupo de órganos privados que se estructuran paralelamente a los organismos autónomos para “pastorearlos” y son quienes se opusieron a que la secretaría de Energía intervenga en la determinación de las tarifas eléctricas reguladas, señalando que eso atenta contra la autonomía de la CRE.
Aunque parece que autonomía para ellos significa “bajo su control”, pues los funcionarios de estos órganos autónomos se comportan como empleados de las grandes corporaciones. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es sin duda un triunfo para el país, que evitará el abuso por la vía de los precios en el sistema eléctrico nacional.
Julio César Vega
