El grupo de la élite del poder integrado por los hombres más ricos de México, el denominado poder real, tiene fortunas amasadas al amparo del poder político pero con la sangre, sudor y lágrimas de todos los mexicanos que tuvieron que pagar la implementación del cambio de la oligarquía preexistente por una neoligarquía híbrida, producto de la simbiosis entre el poder político y el económico.
Es cierto que el comunismo como doctrina económica, política y social establece una organización en la que no existe la propiedad privada, si bien pretende una sociedad igualitaria, pero sin incentivos individuales; y que es contrario a la naturaleza humana y su afán de posesión de bienes materiales y de libertad de elegir.
Por eso el capitalismo es una doctrina más sustentable, pero tiene sus contradicciones y, sin control, deriva en el abuso, la sobreexplotación y la sobreacumulación que impide una sana distribución del ingreso, lo cual deriva en pobreza, falta de bienestar social y adelgaza las clases medias.
La neoligarquía ha logrado un poder económico tal que trata de subordinar al gobierno a sus caprichos. Este enfrentamiento entre los barones del gran dinero y el actual gobierno ya lleva todo el sexenio, y aquellos intentaron no atender las peticiones del presidente de la República, obstaculizando la obra, abusando de que el denominado corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un segmento ferroviario clave, y pues se soltaron pidiendo 9 mil 500 millones de pesos, solo de indemnización.
Por ello el presidente, mediante decreto, recuperó para la nación este tramo; por interés público y seguridad nacional de inmediato las instalaciones fueron ocupadas por las fuerzas armadas.
El presidente López Obrador antepuso el interés nacional por encima de los intereses particulares de los grupos económicos cuando fue ocupada temporalmente (en vías a su posible expropiación o cancelación de la concesión) un tramo de vía férrea de cerca de 120 kilómetros, al sur de Veracruz, concesionado por el gobierno a Grupo México desde 1998.
El tramo no es nada comparado con los miles de kilómetros que en concesiones detenta esa compañía, sin embargo el hecho fue condenado por el sector empresarial.
Este martes próximo pasado, después de los escarceos normales, con aquello de que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, se llegó a un acuerdo de pago de 7 mil millones por parte del gobierno, a fin de destrabar la ocupación temporal, aunque no sabemos quién hizo el avalúo o cómo llegaron a esa cifra.
