Algo que resulta muy evidente es que la élite económica mexicana ha construido un entramado legal que favorece sus intereses y de esa forma intenta someter al estado colocándole una especie de camisa de fuerza tejida con preceptos legales e interpretaciones a modo para limitar la capacidad del Estado para construir obra e infraestructura pública, así como contratar bienes y otorgar servicios.
Este entramado legal mantiene litigios estratégicos que impiden desarrollar la infraestructura productiva mediante un marco legal incapacitante, creado exprofeso y justificado en la doctrina imperante del neoliberalismo que consideraba el estado como incompetente y corrupto, lo que generaba un temor que debería ser acotado por los intereses de las élites, colocando al estado como un organismo subalterno a los intereses económicos dominantes.
Es por ello la iniciativa del presidente López Obrador cobra especial relevancia cuando México necesita ampliar el margen de maniobra del gobierno y propone hacerlo fundamentalmente en cuatro aspectos:
Primero, dar viabilidad a la construcción de obras que tienen interés social, por ello la iniciativa busca que en estos casos, y bajo estricta supervisión de las instancias relacionadas, la obra pueda comenzar mientras se terminan los trámites, esto no exenta la obra de cumplir con la normatividad.
Segundo, regular las indemnizaciones que se pagan y para ello se pide que su valor sea calculado con respecto a la ley de expropiación y no a precio de mercado, además se anula el resarcimiento cuando el estado esté motivado en un interés social.
Tercero, tener la certeza y precisar cuáles actos pueden declararse nulos, ya que los despachos legales, utilizando recovecos legales, han logrado que actos nulos no sean anulados o que los servidores públicos no queden liberados de cumplir con este tipo de actos, la propuesta es que ningún acto contrario a la ley pueda quedar jurídicamente firme, es decir, impedir que los funcionarios contraten en condiciones ilegales favoreciendo a las compañías.
Cuarto, impedir el dominio monopólico privado en las compras públicas y que todos los contratos que firme el gobierno incluyan una cláusula de terminación anticipada. Hasta ahora los privados en connivencia con funcionarios venales dejan de incluir este tipo de cláusulas, sobre todo en contratos transexenales.
Creo que en México se debe regular correctamente este tema a fin de de impedir litigios y contratos leoninos que inmovilizan la acción pública y que obstaculizan el desarrollo del país.
