Existe la idea arraigada de que, en los países latinoamericanos, el abuso, la corrupción y la impunidad cierran un círculo perverso donde el pueblo es víctima de sus gobernantes, quienes en lugar de defender a sus electores y a su nación defienden a las grandes corporaciones.
Lo que sucede ahora en Europa nos demuestra que allá no cantan mal las rancheras, pues resulta que el asunto eléctrico salta las fronteras nacionales españolas y es la Unión Europea quien tiene que dirimir este litigio y el consejo extraordinario de ministros de energía europea ha tomado con frialdad la propuesta española que había reclamado en Bruselas: que se le dé libertad para fijar sus precios de la electricidad al margen del sistema europeo, ante la situación extraordinaria de los precios.
La comisaria europea de energía, Kadri Simson, dijo que no está claro que la novedosa alternativa planteada por España sea el mejor diseño actual del mercado de la electricidad, pues ella considera riesgos como posibles problemas de competitividad, seguridad, previsibilidad y de casación de oferta y demanda, más o menos lo mismo que argumenta la oposición en México.
La comisaria europea concluyó diciendo: “no podemos apoyar ninguna medida que entre en conflicto con el mercado interior de gas y electricidad, por ejemplo la reforma ad hoc del mercado mayorista de la electricidad”. Es decir, deciden contra el pueblo español y su soberanía.
España por su parte presentó un documento en el que fijaba su posición para hacer frente a la crisis de precios de energéticos y exige una reforma europea; aclara que no trata de desvinculase de forma unilateral del mercado eléctrico europeo, solo piden flexibilidad.
España tuvo que echar reversa en su pretensión de cobrar un impuesto sobre ganancias extraordinarias a las compañías eléctricas, ante la campaña mediática enderezada por las transnacionales encabezadas por Iberdrola, quien amenazó con frenar la inversión y, claro, el chantaje ambiental, apoyada por el partido de oposición español PNV.
Esta lección española, donde el estado se subordina ante un grupo de corporaciones al carecer de mecanismos legales para oponerse, es clave para México porque acá esas corporaciones tienen a los jueces federales y a los partidos de oposición encabezados por el PAN apoyándolos y actuando contra el interés del pueblo de México, de ahí la propuesta del presidente López Obrador de reducir la influencia de las empresas privadas eléctricas, para romper con los costos marginales que tanto daño hacen a la economía.
Julio César Vega
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