La Unidad de Inteligencia Financiera fue creada en México el 7 de mayo de 2004 como una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y su función principal era recibir y analizar información para prevenir y combatir delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Bajo la premisa “sigue al dinero”, expresión utilizada para indicar que, al investigar este tipo de delitos, lo más efectivo es rastrear el flujo de dinero, las transacciones financieras sospechosas, para destapar la corrupción política y el dinero ilícito producto de la corrupción o del narco. En el ámbito de las investigaciones financieras se pone el foco en los movimientos de cuentas y transferencias, inversiones y gastos con el fin de extraer evidencia de posibles delitos, pues el dinero deja rastros verificables que pueden esclarecer hechos y responsabilidades.
Fue durante la gestión de Santiago Nieto Castillo como titular de la UIF -entre 2018 y 2021-, que la función de la UIF alcanzo relevancia. Pablo Gómez Álvarez asumió el cargo en 2021 y ocupó la titularidad de esa institución hasta principios de agosto del 2025, cuya gestión se vio opacada por el Poder judicial que desbloqueaba cuentas bloqueadas por la UIF.
Este mes de agosto fue nombrado en su lugar Omar Reyes Colmenares, funcionario cercano a Omar García Harfuch, aunque su nombramiento debe ser aprobado por la comisión permanente del Congreso de la Unión.
La UIF se había estado quejando de que no tenía facultades suficientes para realizar su actividad, pero recientemente recibió nuevas y mayores atribuciones mediante reformas para fortalecer su capacidad de prevención y combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y redes de narcotráfico; entre ellas las principales son la creación de una dirección general especializada en organizaciones delictivas y la aprobación en el Senado de reformas a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que otorgan a la UIF facultades para solicitar información sin orden judicial a instituciones financieras, fiscalías y otros organismos para la prevención e investigación de lavado de dinero y delitos conexos.
Esperemos que finalmente la UIF funcione sin obstáculos y se obtengan los resultados esperados.
