Parece que cuando no se puede ganar una elección en las urnas, aun quedan los tribunales y eso está sucediendo en Guatemala, pero puede ocurrir en cualquier otro país latinoamericano, incluso ha ocurrido en Estados Unidos.
El oficialismo no pudo impedir que se realizara la segunda vuelta en la cual Sandra Torres y Bernardo Arévalo se disputaron la presidencia de Guatemala y ya en segunda vuelta un juez suspendió al Partido Movimiento Semilla, de Bernardo Arévalo, acusándolo de financiamiento electoral ilícito y uso de firmas falsas, esto a solicitud de la fiscalía especial contra la impunidad, y el juzgado séptimo de instancia penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político, incluso se realizaron dos cateos en sus oficinas.
En la segunda vuelta se declaró ganador a Bernardo Arévalo y como vicepresidenta a Karin Herrera Aguilar, si bien el partido de Arévalo venció en las urnas a la primera dama Sandra Torres, ésta aún no reconoce el triunfo de Arévalo. Por ello sigue latente la posibilidad de un golpe de estado si la suspensión del partido Movimiento Semilla se concreta.
Este tipo de precedentes pone focos rojos en Latinoamérica, sobre todo cuando los tribunales electorales abusan de que sus decisiones son inapelables.
El candidato electo Bernardo Arévalo afirma que lo ocurrido en su país es una especie de golpe de estado y basa su acusación en la serie de medidas inconstitucionales e ilegales, señalando según él inexistentes como la falsificación de firmas o huellas falsas en las listas de los miembros de su partido y concluye diciendo que “la justicia ha sido politizada, ha sido cooptada por una élite corrupta que se ha apropiado del país y desde ahí han ocupado los espacios institucionales del gobierno”. Pues parece un discurso conocido.
Por ello en Guatemala se deja un precedente de lo que puede ocurrir cuando existen consignas y se pretende aplicar este tipo de golpe de estado blando, desplazando la voluntad popular mediante decisiones a modo del poder Judicial, pues si bien Guatemala es un país con una democracia frágil, eso no omite que otros países, incluido México, puedan sufrir este tipo de situaciones ante la correlación de fuerzas existente, como lo es por una parte los embates de los grupos de presión y por otra el enfrentamiento del poder Ejecutivo y Legislativo con el Judicial.
