2019 será el año con mayor cantidad de delitos registrados en el País: más de 2 millones. Y seguimos sin brújula. La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia -promulgada en enero del 2012- es bien ponderada por expertos internacionales. Irvin Waller, - desarrolló el programa Ciudades más Seguras de ONU-Hábitat-, dijo en Conferencia de la ICA: “Es modelo para el mundo”. Fue construcción de academia y activistas, en primer lugar; exige a los tres órdenes de gobierno observar principios que son cartas de navegación y brújula orientadoras de cualquier tripulación profesional, al conceptualizar el conjunto de políticas públicas, programas y acciones dirigidas a reducir factores de riesgo que generan violencia y delincuencia, así como a combatir causas y factores propicios. Resuelve distorsiones conceptuales frecuentes en materia de seguridad; un giro hacia la seguridad humana, en consonancia con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que recoge tanto los fines de las seguridades humana como pública, así como el principio de subsidiariedad. La Dra. Gabriela Solís, experta, me preguntó entonces: si hay instrumentos de navegación pertinentes, por qué subsiste el desastre que vivimos en México. Respuesta: Porque gobernantes desconocen esos instrumentos y designan incompetentes como tripulación. Ambas leyes generales plasman políticas de Estado (al exigir continuidad de políticas con el fin de garantizar cambios socioculturales en el mediano y largo plazo), y obligan al Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, quienes las desconocen o incumplen por afán de diferenciarse de antecesores. ¡Y porque faltan ciudadanos!
Esta prevención incluye los ámbitos:I. Social;II. Comunitario (base social del huachicoleo hay en comunidades de Salamanca, Juventino Rosas, Villagrán, Celaya, Apaseo el Alto, Jerécuaro);III. Situacional, IV. Psicosocial y V. Para la reincidencia. En cambio, la prevención policial definida por la Ley General del Sistema exige para todas las policías tareas de: I. Investigación. II. Prevención y III. Reacción(con un Plan de vida digno a cambio); deben asumir rol proactivo y participar en la investigación y prevención científica de delitos (no solamente como primer respondiente o receptor de denuncias -que Fiscales se niegan a facilitar-). Urge desarrollar las áreas de investigación para la prevención en las policías municipales y estatales.
La política de prevención social no se resuelve con política criminal; corre por cuerda separada la persecución del delito. Empieza desde lo local y debe enfocarse hacia una política pública integral, donde se aplique la prevención de acuerdo a destinatarios; se requiere se dé un enfoque científico–ecosistémico-, mediante estudios multidisciplinarios, y no basarse soloen la incidencia delictiva (dado el nivel de baja denuncia e impunidad) sino en encuestas de victimización y confianza en policía, e involucrando la mayor participación social posible.
La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Inegi)-de julio-destaca como más seguras: San Pedro Garza G y San Nicolás, en NL, Los Cabos, Puerto Vallarta. Mérida y Campeche se refrendan por su inteligencia social y secular planeación urbana; tienen fuerte sentido de pertenencia, de cohesión social; son muy comunicativos (incluye denuncia formal) sobre todo cuando existe cualquier riesgo o amenaza a propios y ajenos. Saber hacer ciclo de inteligencia con la autoridad municipal, otra fortaleza.
Seguridad ciudadana requiere ciudadanos activos, que colaboren en la provisión de seguridad; que exigen derechos y cumplen deberes; que recrean y difunden cultura de autoprotección desde familia, escuela y trabajo, con entorno social conocido. Necesidad es educación cívica que garantice la transmisión de mínimos éticos indispensables para la convivencia democrática -para participar, transparentar, exigir bien y evitar mal comunes-. Cartas de navegación y brújula hay; no tripulación ni golpe de timón. Falta liderazgo y resolución políticos. Seamos ciudadanos, no masa.
