El presidente detesta a jueces -y a abogados- independientes. El viernes 12 arremetió contra el juez federal, Juan Pablo Gómez Fierro, por dar entrada a demandas y conceder suspensiones provisionales a empresas, en juicios de amparo, contra reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.(Y ahora contra el ministro Cossío por defenderlo). Lo procedente era interpusiera queja ante Tribunal Colegiado, pero AMLO no sabe de ciencia, ni de técnica, ni quiere saber: su palabra es la ley: autoritario. El lunes 15 envió queja al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar (mi ex alumno en la Libre), sin fundamentación alguna como exige la ley, la que finaliza amenazante: “ejerceré a plenitud mis facultades como presidente de la República y mis libertades como ciudadano y no callaré ante el pillaje y la injusticia”. Zaldívar le contestó como simple oficialía de partes: “Su queja será remitida al área correspondiente…”, aderezada con lugares comunes. ¿Y la fundamentación legal de ambos? Olvidan que por el principio de legalidad, las autoridades solo pueden hacer, -escribir o decir-, lo que la ley les permita de manera expresa.
El presidente no entiende que su reforma es incompatible con el marco constitucional que regula al sector eléctrico: pretende fortalecer a CFE, pero al margen de los principios de: supremacía de la Constitución, irretroactividad de la ley, libre competencia económica. En particular, de seguridad del despacho de energía, transición a energías limpias, reglas del Mercado Eléctrico Mayorista, etc. Principios consagrados en la Constitución, y base de resolución de la Suprema Corte de Justicia, que apenas el 2 de febrero, anuló su política de mayo del 2020 para el Sistema Eléctrico, la que ahora busca imponer como ley secundaria. Viola compromisos internacionales de transición energética y cambio climático. Cuando injurió de inicio al Juez Gómez Fierro (“hay jueces creados solo para defender la reforma energética de 2013”, ”servidores de interés particulares”), asociaciones de juzgadores le contestaron: “El único compromiso de jueces y magistrados es con la Constitución y la independencia para garantizar el Estado de Derecho”. También colegios de abogados: “Expresiones cuestionando imparcialidad del juez, resultan inconducentes... la única fidelidad que cualquier juzgador debe profesar es precisamente a la propia Constitución… cualquier interferencia a esa labor es contraria al orden constitucional”.
El 22 de febrero el presidente nos acusó a abogados de “traición a la patria”, por defender a empresas, nacionales o extranjeras, ante tribunales mexicanos, contra esta reforma. Diversos colegios de abogados respondieron a injuria: “Los señalamientos relativos a una supuesta traición a la patria por ejercer el derecho a la defensa son un ataque a toda la profesión… Por el contrario, el ejercicio libre e independiente de la abogacía garantiza el acceso universal a la justica con base en el marco legal aplicable… Nuestra profesión asume el encargo del ejercicio del derecho de defensa de los gobernados, mismo que está garantizado en la Constitución, y sin distinción alguna para personas físicas o morales, nacionales o extranjeras”. “Los fundamentos de un estado constitucional de derecho están cimentado en el respeto y protección de los derechos humanos y el principio de división de poderes. Y su solidez determinada por la actitud de los diversos actores”. El presidente daña la división de poderes.
AMLO, cuando era jefe de gobierno del DF, cometió un delito previsto en Ley de Amparo, al violar suspensiones concedidas por jueces federales (como las de ahora).Participé en equipo defensor de propietaria del predio El Encino, en CdMx, por lo que AMLO me mencionó un par de veces con dedo flamígero en sus mañaneras, reprochándome el ejercicio del derecho de defensa de gobernados. Sus violaciones generaron el juicio de desafuero, que debió proceder. El presidente no entiende razones: se conduce odiando, y es odiado crecientemente. En este clima, la única racionalidad posible es que todos nos ajustemos al marco constitucional. ¡Aún hay jueces y abogados en México! ¡Y ciudadanos!
