La ausencia del estado de derecho no es tan fácil de solucionar si la selectividad en la aplicación de la norma es una característica principal de esa ausencia. Si fuera general, tan simple como suspender las garantías.
A final de cuentas, el estado de derecho significa un conjunto de instituciones, reglas y procedimientos en operación más o menos regular en tiempo y lugar cuya transgresión activa o inaplicabilidad es la excepción que no invalida el conjunto. Sin embargo, las brechas en la aplicación selectiva del estado de derecho pueden llegar a constituirse en verdaderos abismos que reflejen la fragilidad del Estado o la corrupción del esquema normativo y de los responsables de ponerlos en práctica. Todo poder y estado de derecho tienen un alto componente de dominación. La lógica democrática invita al ejercicio sistemático de la influencia y de lo que en sentido laxo se llama política, pero hay situaciones que traspasan el límite y obligan, cabe decir, exigen del Estado, su faceta de dominación simple y llana, la renuncia a la política y el uso de la coacción. Para eso es Estado.
Así es como se entiende el uso excesivo e innecesario pero legal y legítimo de una mayoría parlamentaria que decide hacer valer ese significado aritmético ineludible de todo poder democrático y se impone contra toda prudencia en una Cámara del Congreso de la Unión la candidatura a una consejería de un órgano autónomo que no era una vaca sagrada en la materia ni una candidatura insustituible. Se renunció a la política y se ejerció la dominación legítima. Qué bueno que fuera así siempre, sin excepción. No es el caso.
El Estado se sale con la suya en una decisión políticamente inocua a un costo elevado de opinión pública al mismo tiempo que se permite, de facto, con impunidad, que se tiren cadáveres desde una avioneta en zona urbana; que haya entidades federativas, como Tamaulipas, donde la palabra gobierno no es una idea y una realidad, sino un adjetivo sarcástico; donde se persiguen con “toda la fuerza del Estado” a 122 objetivos principales del narco que apenas muertos o aprehendidos son sustituidos, mientras permanecen intactas todas las pistas clandestinas, los laboratorios y las cuentas bancarias, así como los registros públicos de propiedad de la red criminal en su conjunto. Y la fuerza legislativa brilla por su ausencia en una urgente Ley de Seguridad Interior que reconozca la realidad de la inexistencia policiaca en la mayoría del país, al mismo tiempo que ese Poder Legislativo se atrinchera junto con el Ejecutivo federal en la defensa de negocios aberrantes como los dobles remolques en las autopistas y ciudades del país. Ah, pero eso sí, cómo proliferan los órganos autónomos de Estado ante la sonrisa irónica de un Poder Judicial inoperante e impecable.
La autonombrada sociedad civil y el Estado legalmente constituido se dan la mano para neutralizar a sus particulares enemigos y defender sus personales causas en tanto que el estado de derecho y el Poder Judicial profundizan su alejamiento y divorcio.
