Pasmado, sigo escuchando a destacadas y destacados comunicadores, así como a mujeres abogadas y dirigentes de organizaciones que “luchan” contra las distintas manifestaciones de violencia por razón de género, sostener que este derecho constitucional, representa un instrumento del oficialismo para coartar la libertad de expresión. ¡Qué barbaridad!
Una de dos: o no les queda claro que las mujeres tienen el derecho de vivir en un entorno libre de violencia o, bien, fingen demencia y presenciamos una campaña orquestada desde la derecha, es decir, por el conservadurismo más rancio del país, para mantener incólume al estado patriarcal.
Particularmente, las manifestaciones se dirigen a deslegitimar la lucha de las mujeres, en contra de la violencia política por razón de género, con dos casos por demás emblemáticos.
El de quien será la próxima presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas y el de una diputada federal de Sonora, sujetas a comentarios que consideraron violencia política en razón de género.
Ambas con destacadas trayectorias en el servicio público, hicieron uso de un derecho constitucional y acudieron a las instancias legales correspondientes, quienes fallaron a su favor dictando medidas tutelares y de reparación.
Recordemos que diversas reformas constitucionales, han apuntalado este derecho a una vida libre de violencia que tienen las mujeres, robustecido con la publicada el 15 de noviembre de 2024.
Junto con pegado, tenemos una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada desde febrero de 2007 y potencializada con la reforma del 13 de abril de 2020, que incorporó a su texto un apartado completo sobre la violencia política en razón de género.
Es decir, existe un derecho constitucional que las mujeres pueden ejercer, a través de un procedimiento legal y antes autoridades que lo tutelan, como ha sucedido en estos dos casos emblemáticos.
Pero las gafas patriarcales de la derecha, que seguramente aplaude la visión misógina del “Chicharito”, ven censura a la libertad de expresión, en donde se ejercita un derecho constitucional progresista.
Antiparras que distorsionan la realidad, para deslegitimar una lucha contra la ancestral dominación de los hombres en la política.
