Por azares del destino, en la semana previa al inicio de la elección judicial, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de marzo pasado, el resumen de los hechos y violaciones a los derechos humanos, en contra de un humilde albañil chiapaneco, que fueron aceptados y reconocidos por el Estado mexicano.
Ocurrido hace 25 años, el caso de Ananías Laparra Martínez, es ejemplar de lo que nunca más debe ser la impartición de justicia en México y representa la sustancia de la principal bandera de la elección en curso: que los Poderes Judiciales no sean corruptos y traten por igual a las y los justiciables.
Detenido por la policía de Cocahoatán, Chiapas, el 14 de octubre de 1999, Ananías fue torturado salvajemente junto con su familia, para que aceptara declararse culpable de un homicidio que no cometió.
Fue sentenciado a 28 años de prisión el 31 de octubre de 2002, por un juez corrupto que aceptó sin chistar el expediente fabricado en su contra.
El 21 de septiembre de 2009, el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando que el gobernador Juan Sabines Guerrero, concediera su libertad el 28 de febrero de 2014.
Igualmente, la intervención de la Corte Internacional propició la firma de un inédito “Acuerdo de Solución Amigable”, sobre reparaciones en casos de que existan condenas erradas, confesiones bajo tortura e inocencia.
El 27 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Chiapas aprobó el reconocimiento de inocencia de Ananías Laparra Martínez, ordenando la cancelación de sus antecedentes penales.
Durante el tiempo que estuvo recluido, no contó con los cuidados mínimos de atención médica para tratar las enfermedades y lesiones, consecuencias de los traumatismos que sufrió, contribuyendo junto con una mala alimentación, a que desarrollara tres tipos de cáncer y le extirparan un riñón, muriendo en diciembre de 2019.
“Nunca se puede reparar todo el daño que hace la cárcel y la injusticia a una familia humilde”, dijo su hija Rocío.
Pobreza que seguramente está presente, en el 39.1% de personas en prisión que no tienen sentencia (INEGI, 2023), ante la corrupta indiferencia de un Poder Judicial que se pretende cambiar.
