Tres días después de la jornada electoral celebrada en Coahuila y el Estado de México, “World Justice Project” presentó el “Índice de Estado de Derecho 2022-2023” con sus 32 perfiles estatales, del cual se derivan las fortalezas y debilidades de las instituciones públicas relacionadas con este indicador.
Llama la atención que, en Coahuila, en donde no hubo cambio de partido en el gobierno, el Iedmx se colocó entre los primeros 10 lugares, mientras que el Estado de México, en donde tuvo lugar la primera alternancia en el Poder Ejecutivo, se situó en el lugar 29 del ranking nacional.
Este indicador se compone de 48 “subfactores” agrupados en ocho “factores” que son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, justicia penal, derechos fundamentales, seguridad y orden, justicia civil, gobierno abierto y cumplimiento regulatorio.
Así, mientras que el estado gobernado por Miguel Ángel Riquelme Solís se colocó en el tercer lugar en el indicador de seguridad y orden, la entidad que encabeza Alfredo Del Mazo Maza se ubicó en el último sitio.
Mientras que, al medir la ausencia de corrupción, Coahuila ocupó el lugar 12 y el Estado de México el sitio 29.
Coahuila tuvo mejores calificaciones en impartición y procuración de justicia, civil y penal (lugares 18 y 5), que el Estado de México (lugares 20 y 26), así como en el respeto a los derechos fundamentales (no discriminación, libertad de expresión etc.), ocupando los sitios 8 y 27 respectivamente.
Límites al poder gubernamental (contrapeso del legislativo etc.) es la única de las ocho categorías en donde Coahuila (0.40) obtiene un puntaje menor al del Estado de México (0.41).
¿Qué impacto tiene el Iedmx en las alternancias gubernamentales? No lo sabemos, pero curiosamente aquellos estados con los puntajes más altos, como Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48), Aguascalientes (0.47), Yucatán (0.47), Coahuila (0.45), Durango (0.45), Nuevo León (0.44) y Chihuahua (0.44) han sido refractarios al avance del obradorismo en las urnas.
Tamaulipas (0.44) es la excepción a la regla, explicada en buena medida por el tremendo malestar que provocó el gobierno sátrapa de Cabeza de Vaca y una candidatura de Morena que ofertó todo lo contrario.
