El cartujo pasa la mañana leyendo De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen, de Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco Ibarra, un breve ensayo coeditado por El Colegio de México y Grano de Sal. Es una propuesta interesante, no se ocupa tanto de los hechos violentos ocurridos en Iguala durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, sino de cómo han sido abordados en los medios de comunicación y en una gran cantidad de libros, en muchos de los cuales prevalecen la especulación, los rumores, las equivocaciones, el rechazo automático a las investigaciones realizadas por las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien se le achaca la responsabilidad de aquel horror.
El episodio, terrible, doloroso, adquirió valor simbólico y se convirtió en “acontecimiento” (es decir, en suceso digno de ser recordado) cuando se le sacó del contexto del crimen organizado para insertarlo en el de la represión política: “la construcción del acontecimiento consistió en hacer de los hechos de Iguala una nueva escenificación de la masacre de Tlatelolco, de 2 de octubre de 1968. Este es el origen del enorme peso simbólico que tuvo el caso en la opinión pública y también la razón por la cual el acontecimiento adoptó los rasgos concretos que tiene hoy”, escriben los autores.
Un callejón sin salida
La tragedia de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en la cual participaron policías municipales, autoridades locales y organizaciones criminales, podría haber sido solo otro capítulo de la sangrienta historia de Guerrero durante las últimas décadas, en especial desde el comienzo de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, pero todo cambió cuando las autoridades federales atrajeron el caso, con el procurador Jesús Murillo Karam al frente. A partir de entonces, los reflectores de los medios apuntan hacia ellas y el incidente cobra relevancia nacional. Además: “La participación directa del procurador general hace que se le asocie no solo con la investigación, sino fundamentalmente con el crimen”.
La frase desafortunada de Murillo Karam: “Ya me cansé”, durante una conferencia de prensa el 7 de noviembre de 2014, aludiendo a las preguntas reiterativas de los reporteros, es vista como una señal de indolencia y aprovechada en las sátiras de caricaturistas y opinadores. Unos días después, durante una marcha multitudinaria en la capital del país exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la aparición de los 43 normalistas, “se articula por primera vez la denuncia en los términos que van a configurar el acontecimiento: ‘Fue el Estado’”.
La frase tiene éxito en los medios y en la opinión pública: “Desde ese momento, quien está en el centro de la atención es el presidente: como responsable de la investigación, pero poco a poco, por una asociación impensada, cada vez más como responsable de los hechos”.
El gobierno federal avanza por un callejón sin salida: sus investigaciones son descalificadas en todas sus fases y su ritmo de trabajo no satisface a nadie. Primero se critica la falta de resultados —en noviembre de 2014, recuerdan los autores, Juan Villoro escribe: “la respuesta judicial no ha estado a la altura de la desesperación de la gente”—, pero cuando en enero de 2015 Murillo Karam presenta las conclusiones de las averiguaciones, los padres de los normalistas y su abogado protestan y acusan al gobierno de “tener prisa por cerrar la investigación”.
La cultura antagónica
Escalante Gonzalbo y Canseco Ibarra hablan de la cultura antagónica (“un conjunto de automatismos favorable de antemano, por sistema, a la oposición, y que inspira una actitud de desconfianza hacia cualquier autoridad.”) como fuente de las suspicacias y sospechas en las investigaciones oficiales sobre los hechos de Iguala. Citan algunos ejemplos: un texto de Lorenzo Meyer, para quien en el crimen participaron “el alcalde (…) con el crimen organizado y aún no sabemos si alguien más”, con “alguien más”, sin hacerla explícita, desliza una acusación contra las fuerzas federales; un artículo de 2016 de Pedro Miguel titulado “43 preguntas”, en el cual varias, pero sobre todo una de ellas, dados los documentos y testimonios al respecto, parece una locura: “¿Están realmente involucrados en los hechos del 26 de septiembre José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa?”; un reportaje de Anabel Hernández y Steve Fisher en la revista Proceso, donde “se acusa directamente a la Policía Federal y a los militares, aunque no se explica el motivo por el que habrían asesinado a los estudiantes”.
El libro contribuye a comprender la narrativa predominante sobre el caso Iguala, la construcción de historias y versiones contradictorias en los medios y, sin embargo, admitidas sin reparos por la opinión pública, mientras se descarta automáticamente la investigación del gobierno de Peña Nieto, sin importar sus grandes coincidencias con la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tan celebrada por algunos periodistas e intelectuales, aunque “en realidad no ofrecía una explicación alternativa de los hechos ni decía nada sobre el paradero de los 43 normalistas”.
El trabajo de Escalante Gonzalbo y Canseco Ibarra seguramente resultará incómodo para muchos, sobre todo para aquellos comprometidos con la cultura antagónica, tan exitosa en estos tiempos donde desde el poder se exhiben “otros datos”, aunque no sean verdaderos.
Queridos cinco lectores, El Santo Oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén.
