Entre las frases que el periodismo estadunidense utiliza cuando la sociedad enfrenta a un predador serial son: “la ciudad fue sitiada por el asesino” o “el homicida impuso un régimen de terror”. Aunque parezcan descabelladas, ambas acepciones son válidas.
El libro Crimes of the 20th Century. A Chronology (1991) señala que a todos nos afecta el crimen, incluso si uno no figura entre los millones de víctimas que el delito cobra anualmente.
¿Cómo? Por ejemplo, en las cantidades millonarias que en forma de impuestos se destinan a la compra de equipos de seguri-
dad; en el aumento de precios en los bienes y servicios; en el incremento del costo de la renta de viviendas en vecindarios seguros; en la construcción de instalaciones que dificulten el ingreso de maleantes; en la contratación de vigilantes privados; en el dinero que destinamos a la compra de cerraduras, alarmas, perros, cámaras de vigilancia y armas.
En octubre de 2010, la revista Slate, a través de la reportera Annie Lowrey, publicó un informe realizado por investigadores de la Universidad Estatal de Iowa que incluyó los costos directos del delito (la propiedad dañada, el mantenimiento de la prisión y los honorarios de los abogados), así como las afectaciones sociales más amplias, como sistemas de alarma más sofisticados y planes de seguro.
Desglosando los rubros anteriores, las conclusiones, en términos de costos, fueron abrumadoras.
Los especialistas descubrieron que, por ejemplo, un robo de automóvil cuesta al erario 41,288 dólares, mientras que cada asalto agravado cuesta 145,379 dólares y cada violación tiene un costo de 448,532 dólares.
La investigación, dirigida por el sociólogo Matt DeLisi, arrojó que un homicidio cuesta a la sociedad 17 millones 252,656 dólares, lo que significa que un asesino serial de la talla de Gary Ridgway, El asesino de Green River, a quien se le imputan 48 asesinatos convictos, costó a EU 816 millones de dólares.
Pese a todo, de acuerdo con el rotativo Palm Beach Post, la mayoría de público y funcionarios está a favor de la ejecución de los infractores debido a que la aplicación de la pena de muerte es 23 millones de dólares más barata, “incluso para un recluso que es encarcelado a los 20 y muere a los 70”.
