La paz ha sido, desde tiempos remotos, un pilar esencial para el desarrollo de las civilizaciones. Su importancia radica en que brinda la base para construir sociedades estables, prósperas y justas. La ausencia de conflictos armados y la garantía de un ambiente en el que se respetan los derechos humanos permiten el florecimiento de la cultura, el comercio así como el progreso económico y social. La paz, en este sentido, no es solo un estado de calma, sino una condición imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su potencial y vivir en dignidad, en un marco de seguridad y justicia. Por eso, la construcción de la paz ha sido una aspiración constante de toda la humanidad.
A lo largo de la historia, la paz se convirtió en un tema clave para las ciencias sociales y políticas. Desde las reflexiones de Thomas Hobbes, quien defendía la necesidad de un poder soberano para evitar el caos, hasta las ideas de Immanuel Kant, que proponía una federación de estados para garantizar un orden internacional duradero, el concepto de paz evolucionó y se enriqueció. Con el tiempo, dejó de entenderse únicamente como cese de conflictos y pasó a concebirse como un derecho humano esencial para el progreso de las sociedades modernas.
En esta línea de pensamiento, Johan Galtung, considerado el padre de los estudios de la paz, marcó un punto de inflexión al distinguir entre “paz negativa” (ausencia de violencia) y “paz positiva” (justicia social y equidad). Su enfoque enfatiza que la paz es un proceso dinámico que exige transformar las estructuras sociales y económicas que perpetúan la desigualdad y el conflicto.
De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas integró la paz en la agenda global, reconociendo los derechos y libertades inalienables de las personas como la base para el bienestar. Este impulso culminó con la Declaración sobre el Derecho a la Paz de 2016, que establece que vivir en paz es un derecho humano que se fortalece al garantizar todos los demás derechos en un entorno de justicia y equidad. La paz se construye sobre la garantía de todos los derechos y estos derechos solo pueden florecer en un contexto de paz.
En México, la paz ha estado profundamente influenciada por nuestra diversidad cultural y por nuestras luchas históricas por la justicia y la igualdad. Así la paz se entendió, durante mucho tiempo, como estabilidad política y control del orden, donde la consolidación de la unidad nacional era el tema central. Sin embargo, el surgimiento de una sociedad más plural y consciente de sus derechos amplió el concepto para abarcar la justicia social, equidad y desarrollo integral.
La construcción de la paz y la reconciliación nacional ha sido un proceso complejo que ha involucrado una variedad de actores, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, entre los que destacan: estrategias de seguridad integral, amnistías, comisiones de verdad, programas de educacion para la paz, medios de comunicación alternos, movimientos por la paz con justicia, movimientos feministas y contra la violencia de género, movimientos estudiantiles y movimientos indigenas por los derechos y la paz.
No obstante, los retos en México continúan siendo significativos. La desigualdad socioeconómica, las disparidades regionales, la marginación de los pueblos indígenas, la erosión de la confianza pública, la persistencia de la violencia estructural, las debilidades institucionales, la falta de educación para la paz, la migración masiva y la influencia negativa de factores internacionales generan un entorno complejo que dificulta la consolidación de una paz duradera
Aún así, existen oportunidades que apuntan a un futuro más pacífico y justo. La creciente participación de la sociedad civil y el fortalecimiento de organizaciones comunitarias han demostrado ser motores esenciales para la construcción de la paz. Asimismo, la adopción de políticas públicas innovadoras que conjugan seguridad, derechos humanos, desarrollo social y equidad, resulta clave para superar estos obstáculos y transformar el panorama actual.
Solo mediante un enfoque integral y colaborativo que aborde las causas estructurales de manera simultánea podrá México avanzar hacia una paz positiva. Este proceso, que aún está en construcción, exige un compromiso sostenido y coordinado entre las instituciones del Estado y la sociedad en general, en aras de transformar los retos en oportunidades para un México más justo y pacífico.
Un claro ejemplo de este enfoque integral se observa en Chiapas, donde, en menos de tres meses de la nueva administración estatal, el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha impulsado una estrategia innovadora que concibe la paz como un derecho humano inalienable, lo que ha permitido impulsar, con excelentes resultados, una estrategia multifactorial de seguridad y justicia que trasciende la mera respuesta policial y prioriza la garantía de derechos fundamentales, la participación comunitaria y la estrecha colaboración entre instituciones.
Además, se fomenta el respeto a la diversidad cultural y el rescate de los saberes tradicionales de los pueblos originarios, integrándolos en una política que respeta la diversidad cultural y fortalece la solidaridad comunitaria. Los resultados, hasta ahora, han sido muy positivos, evidenciando que, cuando se privilegia la dignidad y la equidad, la paz se convierte en un proceso real, capaz de generar bienestar en el presente y sentar las bases para un futuro más justo.