Remain in Mexico: las preguntas

Como sabemos, la Suprema Corte de Justicia de EU falló hace unos días en favor de un par de estados de la Unión Americana que demandaron a la administración Biden para obligarla a continuar con la inhumana y legalmente cuestionable política de Trump con respecto a las solicitudes de asilo y refugio. Así, la Corte instruyó al gobierno de EU que, contrario a la tradición internacional de asilo y refugio, continúe procesando a miles de personas que huyen de la violencia y la muerte fuera del territorio estadunidense, concretamente en México bajo el programa conocido como Remain in Mexico. La participación de México en el ignominioso programa ha llevado a nuestro país a cerrar el paso de migrantes en la frontera sur y, en la norte, a recibir a los solicitantes de asilo y refugio y hacerse cargo de ellos mientras dure el proceso, que suele extenderse por varios meses e incluso años.

El gobierno de México reaccionó a la decisión de la Suprema Corte de Justicia mediante un comunicado aclarando que el fallo “no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del gobierno” y que la decisión “no obliga a México”, por lo que “su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”. Subsecuentemente, nuestro país anunció que seguiría colaborando. Todo lo cual lleva a hacer un par de reflexiones. Por un lado, si en efecto el fallo de la Corte no es obligatorio para México porque no tiene jurisdicción en territorio mexicano y la política migratoria de nuestro país se ejecuta de manera soberana, entonces la decisión de nuestro país de seguir colaborando con el programa es voluntaria. Por la otra, si México se negara a continuar recibiendo solicitantes de asilo y refugio en EU, Remain in Mexico simplemente dejaría de operar y, pese al fallo, el gobierno de ese país no estaría en falta porque nadie está obligado a hacer lo imposible.

Surgen entonces una serie de preguntas. La primera de ellas es ¿está en interés de México continuar colaborando con el programa? En retrospectiva, ¿qué habría pasado si nuestro país se hubiera pronunciado contra el programa durante el proceso en la Corte y hubiera hecho pública su decisión de suspender la colaboración?, ¿acaso se habría descarrilado la decisión de la Suprema Corte de Justicia antes de ser emitida? Podemos asumir que México no habría tomado una posición como esa por sí solo, pero lo que no resulta del todo evidente es por qué el gobierno de EU no pidió al mexicano anunciar que no continuaría colaborando si, por lo menos formalmente, la administración Biden estaba en contra de ser obligada a continuar con el programa. En cualquier caso, ambos gobiernos dejaron ir la oportunidad de deshacerse del vergonzoso programa y es legítimo preguntarse por qué, particularmente en el caso de la administración Biden.

Si bien las preguntas sobre lo que ocurrió —y lo que no— son relevantes, también lo son aquellas sobre lo que podría —o debería— suceder. ¿Qué pasaría si México cambiara de posición y decidiera no continuar colaborando?; ¿por qué EU no ha pedido a nuestro país que asuma tal posición?; ¿por qué ambos gobiernos han decidido continuar con el programa en lugar de volver al statu quo prevaleciente hasta antes de Trump? De nuevo, podemos especular sobre las motivaciones detrás de la colaboración de México, pero no resultan claras las razones por las cuales la administración Biden ha optado por no maniobrar más allá de la Corte —como podría— para liberarse de tal obligación trumpiana. Tal vez, como señala Natalie Kitroeff en The New York Times del 6 de septiembre, la orden de la Suprema Corte “ofreció a la administración Biden cobertura política para adoptar la política (de Trump) de alguna manera sin provocar demasiada furia entre demócratas”. Mientras tanto, nuestro país carga con la parte más inhumana y costosa —en múltiples ámbitos— de la ejecución del programa, como pudimos observar hace unos días con las escenas de inaceptable violencia y abuso en contra de migrantes en nuestra frontera sur.